El Tribunal Supremo estudia este martes su informe sobre la petición de indulto de Juana Rivas, vecina de Maracena (Granada), que fue condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores.
El asunto será estudiado en Pleno por los 16 magistrados que componen la Sala de lo Penal, que analizarán la ponencia del magistrado Andrés Palomo, el mismo que redactó la sentencia firme, que redujo de cinco a dos años y medio la pena impuesta a Rivas por uno y no dos delitos de sustracción de menores.
Hasta el momento, "existe división entre los magistrados" sobre el indulto, indican a Efe fuentes jurídicas, en tanto que la Fiscalía apoya la concesión de un indulto parcial rebajando la pena de prisión en seis meses para fijarla en dos años y haciendo lo mismo con la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad que sugiere que sea de cuatro y no de seis años.
Los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía son preceptivos pero no vinculantes para el Ejecutivo, que tiene la última palabra en la concesión del derecho de gracias.
Juana Rivas cumple actualmente sentencia en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada después de que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimara el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que se le había concedido.
Su abogado confía en que se le conceda un indulto parcial o total "resolviendo de esta forma una situación extraordinariamente gravosa para ella y sus hijos", según aseguró a Efe.
Por el contrario, el padre de los menores, el italiano Francesco Arcuri, se mostró contrario a esta medida de gracia y, en un escrito presentado en junio ante el Juzgado de lo Penal 1 de Granada como "parte ofendida", consideró que Juana Rivas no cumple ninguno de los requisitos legales para obtener este beneficio.
Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, si bien el Supremo estimó parcialmente el recurso de la madre y le rebajó la pena a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos, como sí sostenía, la Audiencia de Granada.
Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando esta madre permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos frente a Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016.
Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos y después de que su expareja denunciase la desaparición, la acusada entregó a los dos niños un mes después en Granada.
