Desde 2007, una persona transexual puede cambiar de sexo en el DNI sin realizarse una cirugía genital y sin tratamiento hormonal. Desde el año 2014, la mayoría de las comunidades autónomas han dictado disposiciones en las que se reconoce el derecho a la identidad de género basada en la autodeterminación.
Tanto Javier Maldonado, asesor legal de la Asociación de familias de menores Trans Chrysallis, como Sara Lauper, periodista y activista, y la psicóloga feminista Marina Moreno coinciden en que España cuenta con una de las legislaciones abiertas en materia de transexualidad. A partir de ahí, todo son discrepancias.
Maldonado apuesta por dar pasos valientes en el reconocimiento de derechos del colectivo que representa y considera que la denominada Ley Trans no solo debe reducir los plazos de resolución del cambio registral al mínimo, tres meses, si no que, sobre todo, no puede ordenar que se tengan que presentar pruebas, testigo o se dependa de terceras personas para acreditar la identidad.
Asimismo, rechaza la obligación de que los menores de entre doce y catorce años puedan llevar a cabo el cambio pero solo por medio de un procedimiento judicial, y se le impida a los menores de doce. “Entra en colisión con lo dispuesto en la recién aprobada Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia”, apunta, en base a una sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019, que reconoció el derecho.
Y, por último, lamenta que el Gobierno dé un plazo de seis meses para rectificar porque condicionaría a las personas de género fluido. “Lo deseable es que el periodo sea indefinido”, agrega.
Es una ley que parte de lo dictado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2015, que defiende la autodeterminación, por un lado, y la abolición del diagnóstico mental por otro, pero en su articulado “es cobarde”, lamenta.
Marina Moreno considera, sin embargo, que “el borrado de la categoría de sexo”, en la práctica con esta normativa, “es una aberración”. Para Moreno, la disforia es una patología psicológica inducida por el sexismo social de modo comparable a la anorexia. “No debe desatenderse”, remarca, al contrario, “hay que encontrar las causas y buscar soluciones”. La psicóloga feminista advierte de que “el sufrimiento no desaparece con la hormonación ni con las operaciones” en muchos casos. “La nueva ley tira al foso a estas personas que se encuentran en un estado vulnerable”, denuncia.
Por otra parte, advierte de que la Ley Trans borra los espacios propios de la mujer. En estew sentido, Sara Lauper señala que saltan por los aires las estadísticas que certifican las desigualdades entre sexos, y también tiene un impacto negativo en la integridad física de las mujeres presas, los espacios separados por motivos de seguridad, la paridad política y el deporte equitativo. Lauper va más allá y plantea la posibilidad de que un sujeto plantee un cambio de sexo registral para eludir una condena por violencia de género al amparo de la nueva legislación.
Maldonado recurre al borrador para desmentir este extremo, al asegurar que el articulado contempla que “la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, en particular a efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.
Pero el debate está abierto con un cruce de acusaciones entre ambos colectivos que requiere algo más que un debate parlamentario en el que no se ven representados ni unos ni otros.
“Esta ley no ayuda y va a generar muchos problemas”, añade Marina Moreno. “Lo conveniente es que nos sentemos y abordemos la cuestión con la cabeza fría”, propone. No parece tarea fácil.
