La pandemia ha puesto a prueba nuestro ordenamiento jurídico. “Hemos vivido un año frenético”, apunta Miguel Revenga, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz (UCA), quien, a modo de balance, concluye que resulta patente que “nuestro Derecho no estaba preparado para las circunstancias como las que llevamos viviendo” desde marzo pasado. “Tenemos unos estados excepcionales que se desarrollaron en una ley del año 1981 basado exclusivamente en suspender derechos”, explica. Este modelo, agrega, “está pensado para salvaguardar el orden público, no una emergencia sanitaria”. “Nuestra legislación está obsoleta” en este sentido, remacha.
A partir de la desescalada, con la cesión del mando único por parte del Gobierno central en cada una de las comunidades autónomas, “parecía que se iba a profundizar en el desarrollo de la Conferencia de Presidentes” y, en segundo lugar, se establecieron criterios de carácter científico, como la incidencia, el número de fallecidos y las cifras de ingresos en UCI, para tomar decisiones políticas.
Sin embargo, en la práctica, “ha habido un tira y afloja” entre las regiones “entre quién decide qué y si políticamente es más interesante” relajar o no las restricciones. Y, por otro lado, la opinión pública, “justificadamente, ha percibido una gran discrecionalidad en lo que se refiere a la regulación de horarios y la permisividad de actividades como la hostelería o el turismo”.
“Tenemos también el problema en esta materia del derecho sancionador, que es abiertamente imperfecto”, apunta, y remite a la denominada Ley Mordaza. Aún sigue abierto, de hecho, el debate sobre cómo encajar las infracciones. “No te pueden sancionar de plano por no llevar la mascarilla, sino por desautorizar a la autoridad si te pide que te la pongas y no lo haces”, añade.
En este sentido, Revenga plantea la necesidad de profundizar en “la idea del deber constitucional”. Más necesario todavía con la vacunación.
“Me parece muy dudoso la imposición” de la obligatoriedad de administrar el suero con la legislación actual, “que no permite sobrepasar las objeciones de conciencia”, opina. Además, remarca que, dado que la primera competencia del Estado es garantizar la igualdad de derechos y obligaciones, no es posible que cada comunidad autónoma decida si es obligatorio o no recibir el suero.
Para solventar todas estas cuestiones, apela a que “los legisladores cojan el toro por los cuernos”. “Necesitamos leyes buenas, que den respuestas a estas situaciones y no la improvisación que hemos visto con una pléyade inabarcable de decretos ley”, afirma.
