La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba ha comenzado este lunes a realizar una segunda ronda de test de covid-19 al personal de los órganos judiciales, después de que el pasado mes de julio llevara a cabo 723 pruebas entre los funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales y jueces sustitutos en la provincia.
Según ha indicado la Junta en una nota, la delegada territorial de Justicia en Córdoba, Purificación Joyera, ha explicado que "el objetivo de esta segunda ronda es evitar posibles contagios en los juzgados de nuestra provincia y garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan o acuden a los edificios judiciales".
Como ya se hiciera al inicio del verano, las pruebas se ejecutan bajo la coordinación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependiente de la Consejería que dirige Juan Marín, y se llevan a cabo por un médico forense. "Al igual que en julio, vamos a hacer los test no solo a nuestro personal funcionario, sino que lo extenderemos a los mismos profesionales que entonces, porque tenemos un firme compromiso con la seguridad", ha señalado.
De esta forma, la previsión es superar los 700 test rápidos en toda la provincia cordobesa. En toda Andalucía serán más de 8.800 pruebas gracias a la colaboración con la Consejería de Salud, que dotará de todas aquellas que sean necesarias.
"Andalucía vuelve a ser pionera, en su momento nos adelantamos al resto de comunidades autónomas realizando test al personal de Justicia y ahora somos la única que los va a repetir ", ha señalado la responsable territorial de Justicia.
Las pruebas son test rápidos, cuyos resultados se conocen en pocos minutos. Los casos que dieran un posible positivo serán derivados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que a partir de ese momento sigan todos los protocolos que marcan las autoridades en este sentido.
Los resultados del verano, tras 723 pruebas, arrojaron un porcentaje de seroprevalencia del 0,4 por ciento, y tan solo se detectó un caso positivo que posteriormente fue descartado por PCR.
Para la realización de estos test, la Consejería elaboró en su momento un protocolo con los IMLCF para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad por parte de los médicos forenses.
Estas pruebas forman parte del conjunto de medidas de seguridad que la Consejería de Justicia mantiene desde el inicio de la pandemia en todas las sedes judiciales para garantizar la protección de todo el personal de la Administración de Justicia, de los profesionales relacionados con ella y de los ciudadanos.
