El grupo minoritario de críticos de Podemos 'Nuevo Impulso', que encabeza el exdirigente de Castilla-La Mancha Fernando Barredo, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, y su Ejecutiva, por presuntos delitos de falsedad, fraude y corrupción, en el marco de la Tercera Asamblea Ciudadana que celebró la formación en mayo.
Barredo y los suyos, que se enfrentaron sin éxito a Iglesias en ese congreso de Vistalegre III (con un 7,8% de los votos), acusan a la cúpula de Podemos de quebrantar los estatutos del partido, al permitir que el vicepresidente segundo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y las secretarias de Estado Ione Belarra (Agenda 2030) y Noelia Vera (Igualdad) se presentaran para ocupar un puesto en la dirección, a pesar de superar la limitación de cargos establecida en el Código Ético, según los críticos --uno interno y uno público--.
El equipo de Nuevo Impulso pidió sin éxito a la justicia, por este mismo motivo, la paralización de este proceso asambleario, después de denunciar ante la Comisión de Garantías del partido la incompatibilidad de cargos de Iglesias, Montero, Vera y Belarra --por compaginar su puesto en el Gobierno con sus escaños en el Congreso--.
El Comité Electoral de Podemos ya descartó la petición de Barredo y su equipo de descalificar a Iglesias y las otras tres candidatas, argumentando que, según el Código Ético que regía entonces, no había incompatibilidad en aquellos casos en los que ser miembro de un órgano obligue a ser antes, o además, miembro de otro. Actualmente la limitación de cargos ha desaparecido, con la aprobación en la tercera asamblea del los nuevos estatutos presentados por el líder morado.
El equipo de Barredo, que no consiguió ningún asiento en la dirección en esa asamblea, ha llevado ahora ante la Fiscalía Anticorrupción su denuncia, en la que también acusa a la dirección de cambiar las reglas de la asamblea sobre la marcha y de abrir el censo cuando ya estaba cerrado, incumpliendo el reglamento.
LES ACUSAN DE AMAÑAR UN PROCESO ELECTORAL
"Nos encontramos ante personas capaces de amañar un proceso electoral jugando con ventaja, invisibilizando a la competencia, condicionando con los tiempos y los requisitos, cambiando el Reglamento sobre la marcha, apañando o falseando documentos, y lo que hiciera falta para alterar el resultado electoral desde su posición dominante en la que actuaban como jueces y como parte", señalan en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.
Este grupo también apunta la posible comisión de delitos como falsedad documental, fraude electoral, usurpación de identidad y revelación de secretos en las primarias que se celebraron en junio en varias Comunidades Autónomas para renovar sus órganos de dirección, y como prueba, hace referencia a varias informaciones periodísticas.
