La Fiscalía solicita la pena de seis años de prisión para una funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada acusada de un delito continuado de falsedad por favorecer la matriculación irregular de coches procedentes de Italia y Alemania a nombre de un titular ficticio, eludiendo para ello los trámites que tenía encomendados para evitar que este tipo de prácticas sucedan.
En la causa está procesado también un hombre de 51 años que era quien tenían los vehículos y quien supuestamente falsificó la documentación que luego presentó en Tráfico para matricularlos a nombre de una tercera persona para ocultar al titular real y eludir posibles sanciones y los impuestos del vehículo.
En el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, se expone que, entre abril y mayo de 2017, esta persona "ideó un plan" para que dos vehículos, un Volvo y un Porsche procedentes de Italia y Alemania, fuera matriculados a nombre de un titular ficticio.
Para ello, se puso de acuerdo con la otra acusada, que era la encargada de comprobar la correspondencia con la realidad de la documentación entregada para las matriculaciones o transferencias de vehículos.
El otro acusado supuestamente falsificó los documentos para que el Volvo quedara a nombre de un hombre cuya documentación tenía porque regentaba un desguace de vehículos y en alguna ocasión le había encomendado algunas gestiones. La funcionaria eludió las comprobaciones y el vehículo fue transferido a esta persona sin su consentimiento.
De igual modo actuaron con el Porsche y la víctima no se enteró hasta que recibió una denuncia de la Jefatura General de Tráfico por una infracción del Volvo por exceso de velocidad y, después, un requerimiento de la Agencia Tributaria de entre 12.000 y 14.000 euros de impuestos por el Porsche.
La Fiscalía acusa a la trabajadora de Tráfico de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil cometido por funcionario público y solicita para ella seis años de prisión, multa de 8.640 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años.
Al otro acusado le atribuye un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil cometido por particular y pide para él tres años de cárcel y multa de 4.320 euros. El juicio contra ellos está señalado para el próximo 7 y 8 de julio en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
