Chamizo planteó esta reflexión en una entrevista con EFE en la que valoró el convenio suscrito entre la Junta y los bancos y cajas para financiar el Plan Concertado de Vivienda, aunque no dudó en cuestionar su comportamiento y el papel que están desarrollando.
“Las cajas deberían reorientar su papel y sus objetivos en una situación de crisis. Deberían tener otro tipo de comportamientos porque nacieron para una cosa, con marcado carácter social, y hoy están en otra, en la clave del negocio”, ha resumido.
Después de abogar por que estas entidades incidan más en su dimensión social y de demandar a sus dirigentes una reflexión en este sentido, el Defensor reprochó que en los consejos de administración “haya entrado la lógica del mercado, que es la peor que hay, y que casi todo se someta a esos valores”.
“Por sentido común”, Chamizo se muestra partidario de “redefinir y ahondar” en el papel social de las cajas andaluzas antes de afrontar el eventual proceso de fusión que la Junta quiere impulsar en la primavera próxima.
Certidumbre, transparencia y objetividad es lo que la Junta busca a la hora de que las entidades financieras otorguen préstamos, tanto a particulares como a promotores de VPO, en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, con una dotación de 9.550 millones de euros, según el convenio firmado por ambas parte el pasado miércoles.
“Lo primero y positivo es la firma del convenio y que se establezcan condiciones y criterios objetivos para la concesión de los créditos y que tanto las administraciones como los particulares puedan hacer frente a la vivienda de promoción pública”, esgrimió Chamizo.
El Defensor tiene previsto elaborar un informe sobre las condiciones que recoge el convenio para establecer si da respuesta a las quejas que con anterioridad ha recibido la Institución.
Esencialmente, se trata de andaluces que, con una VPO en propiedad, no pueden pagarla porque los bancos y las cajas de ahorro han cerrado “el grifo” de los créditos o ponen condiciones “casi imposibles” de reunir.
A la espera de llegar a conclusiones más definitivas, José Chamizo ha estimado que hay “parte” de los reclamantes cuya situación puede estar dentro de esas condiciones, pero cree que hay otras que “se quedan fuera y son solicitantes de VPO”.
En su última resolución, a raíz de una queja, dirigida a la Consejería de Vivienda, el Defensor propone crear un órgano de mediación entre las entidades y la Junta para resolver los conflictos generados por la denegación de los créditos hipotecarios a las unidades familiares que reúnan los requisitos para acceder a una VPO.
También reclama trasladar a la Administración del Estado la “conveniencia de vincular” las ayudas establecidas en el Plan de apoyo a la banca a la asunción real y efectiva de los compromisos de la entidades financieras para hacer realidad las políticas púbicas.
Entre ellas, las destinadas al fomento del acceso a las viviendas protegidas para garantizar un derecho constitucional, aunque plantea además modificar a medio plazo los criterios y alcance de las ayudas si las medidas de financiación de los planes de vivienda y suelo no surten los efectos deseados. EFE
