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Podemos pide que se regulen los pisos turísticos en San Fernando

En la ciudad hay declaradas 62 viviendas con fines turísticos, lo que supone 298 plazas según los datos de la formación morada en la ciudad.

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  • Calle Real de San Fernando.

Ana Rojas, portavoz de Podemos, ha pedido al Ayuntamiento una ordenanza que regule las viviendas con fines turísticos “para evitar que se siga encareciendo el precio de los alquileres, uno de los problemas que tiene San Fernando en cuanto a vivienda”. En San Fernando hay declaradas en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía 62 viviendas con fines turísticos, lo que supone casi 300 plazas, pero hay más viviendas que no están registradas y que tienen actividad económica no declarada, por lo que hay que regularizar “este nuevo modelo de turismo en cuanto al hospedaje” explica.

La medida “apunta a la defensa que ha hecho siempre nuestra formación de la vivienda como un derecho básico que se debe garantizar a toda la ciudadanía y los pisos turísticos clandestinos están haciendo que los alquileres a largo plazo se vayan reduciendo y además se incrementen en precio”, según un estudio de la Universidad de Sevilla publicado recientemente hasta un 14% más en las zonas costeras andaluzas.

Rojas propone una ordenanza municipal que obligue al registro de todas las viviendas turísticas, tal y como se ha hecho en otras ciudades, y que paguen los debidos impuestos, que podrían aplicarse por tramos en función de las noches que estén ocupadas al año.

San Fernando, al estar en un enclave turístico “privilegiado” debe regular cuanto antes esta actividad especialmente de cara a las fechas vacacionales próximas como Semana Santa o el verano. Una ordenanza que no solo regularía las viviendas turísticas económicamente sino que también frenaría la especulación con el precio de los alquileres y conservaría los barrios como lugares para vivir a tiempo completo y no como de paso.

Barcelona, Mallorca, Bilbao, Madrid, Sevilla y las comunidades de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias, Galicia y Extremadura ya han iniciado los pasos para regular estos pisos limitando las viviendas que pueden ofertarse según unas características muy concretas para evitar los conflictos con el vecindario o limitando las pernoctaciones anuales.

 

 

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