En torno a una veintena de trabajadores de los planes de empleo de la Junta de Andalucía que se acaban de clausurar en Arcos estaría dispuesta a denunciar al Ayuntamiento por un supuesto caso de agravio comparativo respecto al salario percibido por el desempeño de su trabajo. Según ha sabido este semanario, los afectados se habrían percatado de la existencia de otros puestos de trabajo en el Ayuntamiento que, incluso con menos titulación, perciben sueldos por un importe mayor al suyo, desempeñando en más de un caso el mismo trabajo.
Los afectados por esta situación se encuentran estudiando una posible demanda contra el Ayuntamiento al ser éste el responsable de la distribución del dinero percibido de la Junta para el pago a los trabajadores, para lo cual sopesan alguna acción legal amparados por el gabinete jurídico Jurisleg.
Según explica el abogado Carlos Huertas, “se da la paradoja de que, habiendo trabajadores que hacían la misma función con la misma categoría profesional, estaban cobrando una diferencia bastante importante, más baja que otros trabajadores públicos no contratados en estos planes de empleo”. El abogado sostiene que el Ayuntamiento podría haber “ajustado para no pagar esa diferencia salarial y ahorrarse costes”, para añadir que en este caso el Consistorio debe actuar “como una empresa”, en alusión a su deber de contratar bajo las condiciones del convenio del sector.
El abogado manifiesta que las personas contratadas temporalmente por estos planes están en su mayoría afectadas por este supuesto caso de agravio. El bufete de abogados está reuniendo documentación para exigir al Ayuntamiento cantidades para los trabajadores a fin de que éstos perciban los salarios en base a su cualificación y titulación. No obstante, según el procedimiento previo de demanda de conciliación, se podría alcanzar un acuerdo por ambas partes, evitándose así un proceso judicial, lo cual sería a todas luces más traumático. A todo, desde el equipo de Gobierno, su delegada municipal de Personal, María José González Peña, hace hincapié en que el convenio laboral vigente excluye a los trabajadores de planes de empleo o de cualquier subvención de la Junta u otras administraciones. Por tanto, a los trabajadores denunciantes no se les podría aplicar el convenio colectivo, señala la también primera teniente de Alcalde.
