El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba en diciembre pasado la supresión de la mayoría de las oficinas liquidadoras de Andalucía y las que se mantendrían en funcionamiento para las gestiones ciudadanas. El pasado 2 de enero, el BOJA se ratificaba en esta pretensión del Gobierno andaluz que, por ahora, causaría un grave perjuicio a la mayoría de usuarios, abocados a desplazarse en muchos casos a otras ciudades.
El PSOE gaditano, a través de la parlamentaria Araceli Maese, ha advertido de esta situación como una muestra más de los recortes del Gobierno andaluz, en sus propias palabras, que afectan además a la sanidad, a la educación y a la dependencia.
La supresión acabaría con al menos siete oficinas en la provincia, entre ellas la de Arcos de la Frontera, dejando en el desempleo a dos trabajadores que ya habrían recibido su carta de despedido. La oficina se convertiría en un mero despacho que no daría solución al ciudadano, sólo para recoger documentación. Sin embargo, se mantienen las oficinas de Algeciras y San Roque, siendo ésta última el lugar de destino de los usuarios de media provincia, y sobre todo de la Sierra.
Si es cierto que el Gobierno PP-Ciudadanos no pretende eliminar las oficinas como ha señalado durante los últimos días la propia Junta y el PP, así debe reflejarse en el BOJA, como reclama Araceli Maese, ya que de lo contrario entiende que no existe rectificación alguna sobre “este cierre encubierto”.
La parlamentaria habla de “triquiñuela” del ejecutivo andaluz y del “antiguo manual de la derecha”, en alusión a los recortes en los servicios públicos. El PSOE se teme que el Gobierno andaluz haga ver a la sociedad que este servicio ya no es necesario, para rechazar en este sentido los planes de reestructuración de las oficinas liquidadoras. Actualmente existen en Andalucía 67 oficinas, once de ellas en la provincia de Cádiz, donde sólo se mantendrían cuatro. El resto de oficinas que daría presumiblemente sin competencias. Las que seguirían en vigor sólo prestarían servicio dos o tres horas al día, instaurando además la cita previa, según sostiene en el PSOE.
De confirmarse la supresión, por citar un ejemplo, un ciudadano de Arcos se tendría que desplazar hasta San Roque; es decir, un viaje de hora y media en coche, y si lo tuviera que hacer un vecino de Olvera, tardaría al menos dos horas y cuarto. La parlamentaria recuerda que las oficinas liquidadoras prestan un importante servicio al ciudadano a la hora de tramitar los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones, vehículos y embarcaciones, liquidaciones complementarias, recursos y un largo etcétera de gestiones en torno a “un servicio grande y bueno”. Además, la eliminación de estas oficinas no haría más que aumentar el desequilibrio territorial, relegando a los ciudadanos, principalmente de los pueblos, a un segundo nivel. Otro perjuicio sería la ruptura de una relación entre los trabajadores y los usuarios, que después de tantos años han establecido un trato cercano. Por ello, la parlamentaria asegura que estas medidas suponen “un atropello al mundo rural”.
Araceli Maese termina pidiendo al Gobierno andaluz y al PP “que den la cara” y expliquen realmente cuál es su intención respecto a las oficinas liquidadoras.
La parlamentaria estuvo acompañada del alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, y de la secretaria General socialista en la ciudad y diputada provincial, Ana Carrera, quienes igualmente mostraron su preocupación por la situación y reclamaron al Gobierno andaluz que recule y mantenga las oficinas y sus competencias.
