Un total de 239 personas, entre monitores de Educación Especial y de Lengua de Signos, podrían perder su trabajo en la provincia de Cádiz. En Andalucía la cifra asciende a 1.573. Estos trabajadores llevan más de quince años desarrollando su labor para la Administración pública pero desde una empresa de contratación externa. La Junta de Andalucía ahora quiere crear una bolsa pública única, pero sin tener en cuenta la antigüedad de este personal.
CCOO ha informado de que, a raíz del Informe General de la Junta de 2016, queda claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de signos, y que la consejería de Educación y Deporte “tiene hasta el 2022” para convertir estos puestos en públicos. Como consecuencia de ello, añaden que en julio de 2019 la Consejería “comunicó su intención de rescatar dichos servicios”.
El sindicato denuncia que la Administración autonómica “está utilizando una engañosa intencionalidad”, tanto con los PTIS como los intérpretes de lengua de signos, “haciéndoles creer que acceder al empleo público a través de la bolsa de trabajo es la única solución para ambos colectivos”.
Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.
Asímismo han convocado un calendario de movilizaciones para los próximos meses, cuya primera jornada de movilización tendrá lugar el 15 de enero con una huelga y una concentración a las puertas de la Consejería de Educación y Deporte. Le seguirá otra el día 22 en las delegaciones de educación de cada capital de provincia andaluza, y una más el 28 de delegados y delegadas también en la Consejería de Educación.
