La delegada municipal de Medio Ambiente, María Jesús Castañeda, explicaba ayer que, hasta que se resuelva el conflicto, la basura se irá acumulando en el punto de El Carrascal, aunque el inconveniente es que este lugar sólo tiene capacidad para los residuos que se generan en seis días, por lo que ese es el tiempo máximo que tiene el Ayuntamiento para encontrar una salida al problema. “Tendremos un problema muy serio si no se negocia una salida al conflicto antes de una semana. Podríamos llevar nosotros mismos los residuos hasta Miramundo pero no creo que nos dejen que los arrojemos allí”, reconoció Castañeda.
La delegada culpó al equipo de Gobierno anterior, que lideraba Ernesto Marín (PP), de lo sucedido, “puesto que fue el cuatripartito el que permitió el cierre del vertedero de la Victoria, lo que obligaba al traslado de los residuos hasta Miramundo”. Este servicio supone un coste para las arcas municipales de cerca de 200.000 euros al mes. “Una cantidad que el Ayuntamiento no podía asumir en las condiciones económicas en que se encuentra”, señaló.
La recaudación no llega
Según especificó la delegada, con lo que se recauda por la tasa de basura, únicamente da para pagar el servicio de recogida de los contenedores y su traslado hasta el punto de acopio de Chiclana, que cuesta al año más de 5 millones de euros, pero no para el traslado de los residuos hasta el vertedero de Miramundo. “Para pagar esto habría que subir la tasa de basura un 50 por ciento y eso no lo vamos a hacer ni locos. Los chiclaneros no tienen por qué pagar la nefasta gestión del Gobierno anterior”, apunta Castañeda. A su juicio la solución a largo plazo pasaría por la puesta en marcha en Chiclana de una planta de tratamiento de residuos. “Eso sería una gran solución para este problema, porque abarataría mucho los costes. De hecho el equipo de Gobierno está llevando a cabo gestiones importantes con la Junta para que esta planta pueda ser una realidad”, anunció la delegada, aunque no quiso adelantar dónde se ubicaría.
Pero el anterior no es el único servicio que Biorreciclaje presta en la ciudad y que ha sido suspendido. Esta empresa también se encarga de la gestión de los puntos limpios, que desde ayer están cerrados; de la limpieza de las playas, ahora en standby; y de la recogida de autocompactadores, también en suspenso. Estos tres últimos servicios cuestan al Ayuntamiento unos 115.000 euros mensuales.
Mientras se soluciona el problema, el Ayuntamiento ha instalado en los accesos a los puntos limpios unas cubas para que los usuarios de éstos puedan depositar sus residuos.
El actual equipo de Gobierno viene pagando a Biorreciclaje mensualmente, aunque reconoce que no puede asumir la deuda que arrastra de años anteriores. María Jesús Castañeda aseguró que las líneas de diálogo con la empresa están abiertas y que desde el equipo de Gobierno se va a intentar alcanzar un acuerdo que evite la creación de un problema importante.
La empresa
Por su parte, el consejero delegado de Biorreciclaje, José María Rodríguez Tembleque, aseguró a este medio que “el servicio se reanudará inmediatamente si el Ayuntamiento abona a la empresa las dos últimas mensualidades, de las que a día de hoy sólo ha satisfecho un 10 por ciento, y si, además, se compromete a diseñar un calendario de pago de la deuda pendiente. Sobre todo -insistió- consideramos prioritario el pago de los dos últimos meses, porque también nosotros nos vemos con problemas económicos para pagar a nuestros proveedores. En cuanto a la deuda pendiente, estamos abiertos a negociar cualquier fórmula que pueda asumir el Ayuntamiento”.
María Jesús Castañeda destacó que espera llegar a un entendimiento en pocos días “antes de que el punto de acopio esté lleno y tengamos un grave problema”. También la empresa mostró su disposición a llegar a un acuerdo cuanto antes.
