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El Ayuntamiento isleño, de los que menos dedican a servicios sociales

San Fernando apenas dedica 40 euros por habitante en servicios sociales mientras que el que más gasta es Alcalá la Real (Jaén) con 224 euros por habitante.

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  • Ayuntamiento de San Fernando.

Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, elaborado a partir de datos del Ministerio de Hacienda correspondientes a 2018, en Andalucía el municipio con mayor inversión social es Alcalá la Real (Jaén), con 224 euros por habitante, seguido de Cabra (Córdoba), con 157 euros.

En una media de 150 euros se sitúan los ayuntamientos de Montilla (Córdoba) y Martos (Jaén), seguidos de Cádiz, con 140 euros; de La Rinconada (Sevilla), con 124 euros; de Palma del Río (Córdoba), con 121 euros, de Granada, con 110 euros; de Jaén, con 110 euros, , y de Sevilla, con 112 euros.

En el polo opuesto se sitúan cinco ayuntamientos andaluces con menos de 50 euros por habitante en servicios sociales y son: Los Barrios (21 euros), San Fernando (40 euros), Alhaurín de la Torre (41 euros), Fuengirola (41 euros) y Benalmádena (37 euros).

Según el informe, en España uno de cada cuatro ayuntamientos con más de 20.000 habitantes destina menos de 50 euros al año por habitante en servicios sociales, lo que afecta a unos cuatro millones de ciudadanos de 40 municipios de toda España.

La inversión social de los Ayuntamientos ascendió a más de 2.867 millones, con lo que se superó por primera vez en muchos años las inversiones precrisis realizadas en 2010 cuando se llegó a invertir más de 2.837 millones, pero con 1,3 millones de habitantes más que en 2018.

En el esfuerzo inversor de los ayuntamientos también se contemplan las transferencias que reciben de las comunidad autónomas, por lo que, en buena medida, éstas también han de sentirse responsables de los resultados obtenidos por los Ayuntamientos de su territorio, apunta el informe, que se realiza con los datos de Liquidación del Presupuesto presentados por los Ayuntamientos al Ministerio de Hacienda.

Podemos

Ana Rojas, concejala de Podemos y confluencias sociales, ha calificado como “lamentable” que San Fernando esté entre los 38 ayuntamientos más “pobres” en el ranking elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en datos de inversión en asistencia social durante el año 2018 y que se ha publicado hoy en base a los datos que aporta el propio Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda. “Hay tres categorías diferentes: excelente, precario y pobre, que es a la que pertenece San Fernando, con una inversión de 40,11 euros por habitante al año”.

En una ciudad con 10.751 personas desempleadas –casi el 27%-, donde hay trabajo inestable y precario y sigue habiendo desahucios, “no es concebible que el Ayuntamiento deje de lado la asistencia social”. Una inversión austera que además se agrava con la falta de información para acceder a ciertas ayudas “porque hay personas que no saben a qué tipo de asistencia pueden optar y luego las trabas burocráticas que hay convierte el proceso en una carrera de obstáculos”.

En este sentido, remarcó que nada se sabe de la moción aprobada durante la anterior legislatura para hacer campañas de información más efectivas, “aunque las ayudas sean tan escasas que tienen que ponerle la cara colorada al PSOE en este tipo de estudios”.

“Desde Podemos insistimos en la necesidad de abordar profundamente un tema tan importante como el de los servicios sociales y trabajar para que las ayudas de emergencia sean efectivas y más accesibles”, recalca Rojas, que señala que en este mismo informe la asociación pone a Cádiz como ejemplo de ‘excelencia’ con un gasto social de 140,56 euros, cien euros más por persona. “Tal vez el PSOE debería mirar más hacia las políticas de izquierdas en vez de cerrarse a la derecha con sus socios de gobierno”, señala la concejala.

Un pacto que ha dejado en el tintero algunos acuerdos de investidura en materia social, como es la construcción de un centro de baja exigencia para personas sin hogar. “Una inversión en asistencia social que no debería limitarse a 40 euros al año cuando hay millones de euros de remanente de presupuestos precisamente por no apostar, entre otras cosas, por unos servicios sociales de calidad para la ciudadanía que más los necesita”.

 

 

 

 

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