La juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido este verano, indica que investigará a la Junta y al Ayuntamiento de Sevilla para determinar su implicación o no en el desarrollo de los hechos que derivaron en esta alerta sanitaria que ha provocado tres muertes y dos abortos.
En el auto en el que la magistrada rechaza los recursos de reforma presentados al gerente y 'administrador de hecho' de Magrudis, José Antonio Marín, y a su hijo mayor, Sandro José Marín, propietario y administrador único de la empresa cárnica, contra el auto del 26 de septiembre donde acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de ambos, dictado este pasado martes y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, la juez anuncia que se investigará a ambas administraciones durante el periodo de instrucción.
La juez señala que en los recursos presentados por el representante legal de los responsables de Magrudis se indica que ambos investigados consideran que poseían "licencia de actividad pues así le fue solicitada en diciembre de 2018 y los servicios municipales competentes guardaron silencio, siendo este silencio administrativo positivo conforme establece la ordenanza de obras y actividades de 29 de mayo de 2013 reformada por acuerdo del Pleno de fecha 28 de julio de 2017".
En esa línea, la juez recoge que los investigados, además, consideran que "no son los únicos responsables, al alegar que "ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía realizaron inspección alguna y el Ayuntamiento en las inspecciones de los años 2016 y 2017 no detectó anomalía" así como que el laboratorio que realizó los análisis, Microal, "no adoptó medida alguna".
De esta forma, y tal y como ha adelantado 'Diario de Sevilla', la magistrada apunta que los responsables de Magrudis si bien pretenden ahora "responsabilizar a los laboratorios y administraciones de lo ocurrido, hecho que sin duda va a ser investigado por este Juzgado, es de sentido común que debió adoptar medidas al menos en el mes de febrero de 2019 cuando supo de la presencia de la bacteria en un lote de carne mechá".
Añade que "se limitó únicamente a tirar a la basura el lote contaminado, como él mismo indicó ante este Juzgado, sin que adoptara las más mínimas medidas y precauciones para evitar el resultado que desgraciadamente tuvo lugar, ni puso en marcha un plan para garantizar la seguridad del producto, ni aplicó un plan de limpieza, ni siquiera lo comunicó a sus trabajadores, ni puso en marcha medidas correctoras para restablecer las condiciones adecuadas".
