El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha acordado la apertura de juicio oral contra siete personas, entre ellos los exconcejales del PP Eduardo Moral y María Francés, en el llamado 'caso Emucesa', en el que se investigan supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en la empresa gestora del cementerio de San José durante la pasada etapa de gobierno del PP.
La Fiscalía ha solicitado seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco para María Francés por realizar presuntamente estos contratos irregulares entre 2003 y 2012, cuando fueron consejeros delegados de Emucesa siendo la empresa cien por cien pública.
Ambos se sentarán en el banquillo acusados de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación y fraude en la contratación y el juicio se celebrará en la Audiencia de Granada en fecha aún por determinar, según consta en un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press.
El resto de los acusados son los trabajadores que supuestamente se beneficiaron de estas 'contrataciones fantasma', para los que la Fiscalía pide penas que oscilan entre los cuatro y los cinco años y medio de prisión por los mismos delitos, mientras que el juez ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa respecto al gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz.
En el auto, el juzgado requiere a los acusados para que en el plazo de un día presten fianzas de entre 32.521 y 286.310 euros que suman casi 650.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, como indemnización a Emucesa y al Servicio Público de Empleo.
La Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de una denuncia de Vamos Granada después de que informes técnicos concluyeran que, entre 2003 y 2012, cuando la empresa era cien por cien pública, se beneficiaron de estos contratos seis personas con un coste de más de 300.000 euros y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.
Los dos exconcejales del PP negaron en su día ante el juzgado irregularidades en las contrataciones, incidiendo en que los beneficiarios sí realizaron la labor para la que fueron empleadas y que nunca hubo "reparos" ni desde el Consejo de Administración, ni de la Gerencia ni en las auditorías externas que se realizaron en aquellos años.
Desde Vamos Granada, que ejerce la acusación popular en el proceso, sostienen que la fianza impuesta a los acusados da idea del perjuicio que se habría producido a las arcas públicas. Por una parte, a través de Emucesa "por los sueldos cobrados por personas que no hicieron ningún trabajo para esta empresa pública" y que "en su lugar habrían trabajado para el PP"; y por otra porque supuestamente "aprovecharon estos contratos para cobrar subsidios de desempleo que no les habrían correspondido".
