La oferta lanzada por Unidas Podemos al PSOE para negociar un Gobierno de coalición incluye cuatro opciones distintas de competencias ministeriales para los morados, pero con un esquema común: una Vicepresidencia social más tres ministerios. Y entre ellos plantea una disyuntiva: o el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para desarrollar un nuevo marco laboral o el de Transición Ecológica para abaratar el precio de la energía.
Así, en dos de las propuestas, los de Iglesias exigen el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, mientras que en las otras dos, incluyen el Ministerio de Transición Ecológica. Pero nunca van juntos en el mismo lote ministerial, de manera que Unidas Podemos pretende lograr al menos uno de los dos. Esto le permitiría desarrollar parte de sus propuestas electorales que giran en torno al eje laboral --con la promesa de la derogación de la reforma laboral-- y en torno al eje energético, con la promesa de abaratar el precio de la energía.
Si bien estos dos ministerios no van juntos en ninguna de las cuatro propuestas, Unidas Podemos sí que ha repetido hasta en tres de ellas el de Ciencia, Innovación y Universidades, y hasta en dos el Ministerio de Vivienda y Economía Social.
LOS RETOS DE LA VICEPRESIDENCIA SOCIAL
En el extenso documento enviado a los socialistas, los morados detallan las competencias que deben incluir las carteras ministeriales en caso de que las dirijan. Así, exigen que por ejemplo la Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad, además de las propias, tenga también competencias sobre los permisos de maternidad y paternidad, sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, y sobre la Educación de 0 a 3 años. Ese departamento, que presumiblemente dirigiría la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, incluye las secretarías de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
En el documento enumeran que además del Real Patronato sobre Discapacidad, el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y la Dirección General para la Memoria Histórica, esa Vicepresidencia debería tener capacidad de decisión sobre diez puntos entre los que incluyen "la garantía habitacional y los planes de empleo para mujeres víctimas de violencias machistas".
Añaden a esto las siguientes competencias: Medidas de conciliación entre la vida laboral y los cuidados; fijación de índices que afectan a las ayudas sociales como el IPREM; prestaciones por cuidado de niños y adolescentes; prestaciones de garantía de ingresos mínimos; pobreza energética y garantías de suministro; accesibilidad universal, material ortoprotésico y lenguas de signos; y la protección de los derechos laborales y políticas de empleo para jóvenes.
VÍAS SEGURAS Y LEGALES PARA QUE LOS MIGRANTES LLEGUEN A ESPAÑA
En caso de que fruto de la negociación entre ambas formaciones el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social fuera para Podemos, los morados quieren que incluya además de los departamentos existentes, competencias que permitan articular vías seguras y legales de entrada de migrantes en España. Además quieren tener poder de decisión sobre el derecho a asilo, y sobre los derechos humanos de las personas migrantes en suelo español y en la lucha contra la trata.
Para Unidas Podemos, este ministerio debe incluir además las competencias sobre los derechos laborales de los empleados públicos, sobre segundas oportunidades y reestructuración de deudas para autónomos y sobre los derechos sociales y civiles de los españoles residentes en el exterior.
Si en el paquete de ministerios finalmente se incluyera el de Transición Ecológica, los morados quieren además de las competencias actuales, tener capacidad de decisión sobre los derechos de los animales, sobre la rehabilitación de viviendas y de edificios públicos para la eficiencia energética, el impulso del coche eléctrico, la movilidad urbana sostenible y la regulación de servicios públicos de movilidad urbana que incluyan al sector del taxi.
REGULAR LOS PRECIOS DEL ALQUILER
En Vivienda y Economía Social quieren las competencias que se asignan a la Secretaría General de Vivienda, actualmente en el Ministerio de Fomento, y tener poder ejecutivo sobre el Plan estatal de Vivienda y sobre la regulación de los precios del alquiler. Además, exigen poder regular la normativa de arrendamientos urbanos y poder sancionar a la vivienda vacía, regular los esquemas de inversión propios del mercado mobiliario y tener competencias sobre el régimen jurídico de los grandes tenedores de vivienda.
En el paquete competencial de este ministerio incluirían la regulación de la propiedad del suelo, del mercado hipotecario y de los alquileres turísticos, así como la rehabilitación y la construcción de vivienda pública.
INTERNET EN TODO EL TERRITORIO
En el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, señalan que además de las competencias que ya tienen, deben añadir las del derecho a la conectividad y despliegue de internet en todo el territorio, la alfabetización digital y el apoyo y acceso a la tecnología para las empresas, y la digitalización de la Administración Pública.
En Sanidad y Consumo, los morados quieren incluir la posibilidad de la regular el juego y las casas de apuestas, los derechos laborales del personal sanitario y los derechos de los consumidores.
En caso de que la cartera de Cultura recayera sobre Unidas Podemos, entre sus competencias quieren incluir las que atañen a los derechos laborales de los profesionales de la cultura para poder impulsar las reformas legislativas que requiere el nuevo Estatuto del Artista, y quieren además poder impulsar y regular el sector del videojuego.
Por último, en caso de que dirijan el Ministerio de Agricultura, Pesca y España Vaciada, quieren además de los departamentos y competencias actuales, tener poder sobre los Derechos laborales de bomberos y bomberos forestales, sobre la regulación de los precios en el mercado de productos agrícolas y ganaderos, sobre la elaboración de planes integrales para garantizar un despliegue de infraestructuras que respete criterios de justicia social y territorial, y poder elaborar un plan para dotar al medio rural de servicios públicos, de conectividad, de seguridad, financieros, de suministros y de transporte.
