Respetar la memoria, esa que nunca descansa porque tiene la sien herida y la boca llena de tierra. Restos humanos, víctimas de la represión del régimen franquista, pruebas de un delito de lesa humanidad. El pasado fin de semana, una o más personas accedieron al cementerio de San José causando destrozos en la fosa donde se encuentran restos de represaliados. Un acto vandálico sin precedentes en la provincia de Cádiz. “Está claro que existe una predisposición o premeditación en estos actos”, comenta el arqueólogo Jesús Román, quien ha dirigido numerosas exhumaciones en esta zona. “Estos actos ponen en peligro la investigación”.
Román nos habla de otros sucesos similares, pero que en su opinión no llegan al nivel de gravedad de Cádiz. En el año 2018, cerca de la fosa de Grazalema —conocida como la fosa de las mujeres—, colocaron una cabeza de cerdo y un lema en latín “que venía a decir algo así como que ‘lo que enterrado está, bien enterrado está’; vamos, que no removiéramos aquello”. Esos hechos quedaron impunes al no llegar a descubrir quien fue el autor o los autores de los mismos. También atacaron la fosa sevillana de La Algaba, cuyas víctimas murieron de “hambre y enfermedad”. Allí unos vándalos arrojaron piedras, sin llegar a más.
Por su parte, Francisco Etxeberria Gabilondo, antropólogo forense del CSIC, miembro del comité de expertos a los que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó un informe para reinventar el Valle de los Caídos, nos recuerda otros sucesos que han tenido lugar en otras partes del país. “En el 2004 se produjeron algunas amenazas en Almansa (Albacete), donde hicieron una pintada en la que podía leerse ‘¡Fueron ajusticiados, no asesinados! Rojos, os falla la memoria!’”, apunta. Añade que en Navarra, a lo largo de varios años, se produjeron amenazas a miembros de una asociación de Memoria Histórica y una persona fue detenida por estos hechos. Respecto a los actos producidos en Cádiz, Etxebarría cree “con la Ley de la Memoria histórica del año 2007, sería posible actuar contra los responsables. En la medida que hay legislación a nivel estatal y en las Comunidades Autónomas, es ineludible la toma de posición por parte de la administración. Se podría recurrir al delito de profanación”.
Precisamente en esta línea se mueve Antonio Chico, portavoz de la Plataforma por la Memoria Histórica, incidiendo en la gravedad que podría adquirir el asunto de tratarse de “un tema político o ideológico”. Y es que llama la atención que se haya profanado solamente la fosa en la que se encuentran los represaliados, encontrándose otra al lado con restos no precedentes de la violencia fascista. También es curioso que hasta ahora no hubiera pasado algo así en Cádiz y que llegue ahora, con el resurgir de posturas políticas que se acercan a la extrema derecha.
Por el momento se van a tomar medidas de seguridad en el recinto, colocando una cámara de vigilancia y adecuando zonas por las que se pueda acceder de forma ilícita al cementerio. Aunque la investigación aún esté abierta y no se haya descartado que se trate de una simple “gamberrada”, lo cierto es que este hecho podría adquirir graves consecuencias para sus culpables al incurrir en un delito de destrucción de pruebas de asesinatos franquistas.
