Vox Melilla ha denunciado este viernes en los juzgados a los 52 inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla el domingo, provocando lesiones a cuatro agentes de la Guardia Civil, al acusarlos de la comisión de delitos como alteración del orden público o atentado.
En rueda de prensa, su secretario jurídico y número ocho en su candidatura a las elecciones municipales y autonómicas en la Ciudad Autónoma de Melilla del próximo 26 de mayo, Felipe Castillo, ha comunicado el registro de una querella contra los 'sin papeles' subrayando que "ésta es la primera vez que un partido político en Melilla da semejante paso en defensa de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
"Queremos que se identifique a los ilegales, que se determine si les constan antecedentes en sus países de origen y que respondan ante la justicia por las lesiones causadas a nuestros guardias civiles, exactamente lo mismo que ocurriría con un ciudadano español si invadiera la frontera de un país soberano cargando contra sus agentes", ha manifestado el abogado, que ha declarado que "Vox únicamente pide que las leyes vigentes se apliquen y se cumplan".
El grupo de 52 inmigrantes de origen subsahariano accedió el domingo 12 de mayo a Melilla saltando la doble valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos tras un intento de entrada masiva protagonizada por un centenar de personas, que se saldó con cuatro guardias civiles heridos leves.
Estas personas han solicitado protección internacional, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior. Por este motivo, de momento no podrán ser devueltos al país alauí en virtud del acuerdo bilateral firmado entre los dos países en el año 1992 que fue reactivado el pasado mes de agosto.
Los 52 están acogidos en la en el centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) de Melilla a la espera de que se resuelvan sus expedientes de expulsión en aplicación de la Ley de Extranjería. No obstante, en la práctica totalidad de los casos las repatriaciones no se pueden producir porque los países a los que dicen pertenecer no los reconocen como nacionales propios y pasados unos meses el gobierno español suele trasladarlos a la Península, donde permanecen de forma irregular, ya sea en España u otros países de la Unión Europea, con objetivo de algún día regularizar su situación documental.
