El Juzgado de Instrucción 2 de Vera (Almería) ha dado por concluida la investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación que se hizo de la obra para sustituir el alumbrado público en el Paseo Marítimo de Carboneras y ha ordenado que la causa penal siga contra el exalcalde del PSOE en el municipio, Cristóbal Fernández.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, ordena continuar las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado y señala que las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción "evidencian" que existen "motivos suficientes para atribuir" a Fernández la supuesta perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La obra para sustituir el alumbrado público en el Paseo Marítimo del municipio supuso que el Ayuntamiento recibiese una subvención de la Junta de Andalucía de 295.309,58 euros que ha tenido que reintegrar.
La Fiscalía solicitó en 2017 que se abriese procedimiento a raíz de los hechos denunciados por quien entonces era el regidor, el independiente Salvador Hernández (Gicar), con respecto a la obra que tuvo un presupuesto global de 492.185,65 euros.
La denuncia remitida por Hernández a la Fiscalía recogía la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía concedió la ayuda en agostó de 2008 y que Cristóbal Fernández dictó ese mismo mes una providencia en la que disponía el inicio de expediente de ejecución de obras con "medios propios" del Ayuntamiento, lo que contó con informes favorables del secretario municipal y del técnico municipal dado "el considerable ahorro en el gasto total de las referidas obras".
A continuación, según la citada denuncia, el entonces alcalde habría dictado una resolución para "la ejecución directa" de las obras pero, de acuerdo al expediente de justificación, "se expidieron facturas de terceros del cien por cien de las obras, superando con creces los límites establecidos para la contratación directa". En concreto, detalla que se habrían contratado los servicios de dos mercantiles; Indasa, que factura "360.937,23 euros" e Instalaciones Moreno y Garrido, que factura 134.982,51 euros.
"Es obvio y así queda acreditado que, aunque la pretensión, en principio del Ayuntamiento, era ejecutar las obras por sus propios medios, resulta que no se realizó como decretó el alcalde, sino que se ejecutaron por contratación directa, obviando las reglas elementales de contratación, como es la publicidad, la objetividad, la economía y la libre concurrencia ya que se le encargaron directamente todos los trabajos sin mediar contrato alguno", subrayaba.
Añadía la denuncia que dio lugar a la apertura de diligencias previas que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte declaró en noviembre de 2010 el "incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención concedida al Ayuntamiento de Carboneras" e inició expediente de reintegro, "lo que le ha supuesto un grave quebranto a la administración local" con la devolución de un total de 248.420,34 euros.
"Cristóbal Fernández resolvió de forma torticera y a sabiendas de su injusticia la realización de unas obras sin procedimiento alguno, intentando mediante engaño encubrir unas actuaciones totalmente ilícitas ya que ni tan siquiera solicitó el más mínimo presupuesto a posibles contratistas sino que procedió de forma directa a la ejecución y a la adjudicación a dedo", señalaba.
Al tiempo, hacía alusión a que, en su resolución definitiva de reintegro en mayo de 2011, la Junta destacaba "un alto índice de irregularidades en relación al cumplimiento de la orden reguladora de la subvención".
