Los independentistas catalanes se plantearon prohibir los partidos que fueran contra la República catalana o su Constitución, así como espiar a los grupos que pudieran actuar contra el nuevo Estado y crear una unidad especializada en "españolismo violento".
Así consta en uno de los últimos informes remitidos por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa contra la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado.
El citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge los trabajos que se hicieron para redactar la Constitución de la futura República y que le fueron intervenidos al exsenador y juez Santiago Vidal.
En el título II de ese presunto texto constitucional se decía expresamente que "se permitirá la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución".
En el capítulo VI de ese borrador también se exponía que todos los funcionarios del nuevo Estado debían tener una "única nacionalidad", la catalana. Y establecían un plazo de 6 meses a partir del día de la declaración de independencia para que todos los funcionarios hicieran "manifestación expresa" sobre si querían seguir siendo del Reino de España.
En ese caso cesarían de sus funciones aunque se les permitiría seguir residiendo en Cataluña, perdiendo la condición de funcionarios, en tanto que seguirían siendo ciudadanos europeos.
DENEGARÍAN LA NACIONALIDAD CATALANA A MILITARES Y GUARDIAS CIVILES
Pero habían una salvaguarda con relación a los militares profesionales que no fueran catalanes de origen, y también para los miembros de las fuerzas del orden público militar o civil del Reino de España o que hubieran formado parte de un gobierno extranjero. Estos no podrían obtener ni conservar la ciudadanía catalana.
No obstante, dejaban una puerta abierta a que la República Catalana estudiara caso por caso su situación para otorgarles la nacionalidad catalana si "renunciaran a la de su origen".
Ese borrador de Constitución también incluía una disposición derogatoria para derogar la Monarquía española, la efectividad de todos los títulos nobiliarios concedidos a y o por la Casa de Borbón desde 1700 hasta la actualidad.
Entre los documentos encontrados en los registros practicados a Santiago Vidal también está la planificación de todas las estructuras que necesitaría el nuevo Estado independiente y abordan el órden público y la defensa. Contemplan que, aparte de los Mossos d'Esquadra, Cataluña cuente con un ejército que permita responder a las emergencias internas y externas.
Consideran imprescindible que el Govern garantice el control del orden público ante la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) para permitir que el 'procés' hacia la soberanía se desarrolle con la máxima normalidad posible porque "para ser aceptado como Estado hay que ser capaz de garantizar la seguridad e las personas y el control del territorio".
Para ello, consideran que la Policía tiene que disponer de información sobre los grupos que pudieran actuar contra el nuevo Estado, cómo podrían hacerlo, en qué condiciones, cómo podrían disuadirlos y cómo se tendría que afrontar esa situación.
En este contexto, creían necesario contar con el conocimiento y los efectivos suficientes y apuntan que "los máximos mandos han de contar con absoluta lealtad al cuerpo y no tener ninguna duda, algo que hay que tener trabajado y testeado previamente".
Así, en el texto que analizan los investigadores, se expone que la "búsqueda de información sensible" es propia de una "agencia de inteligencia". Además, la Guardia Civil destaca que en estos documentos incautados a Santiago Vidal, se añade que "será necesaria una unidad dedicada a las actividades de contrainteligencia que establecería una política de clasificación de la información de la administración y de los derechos de acceso siguiendo criterios de inteligencia".
A ello, añaden la propuesta de una "unidad especializada en españolismo violento" con el objetivo de obtener información e inteligencia y para "administrar el ejercicio de la presión policial".
En el mismo documento que analiza la Guardia Civil, se habla de la enseñanza considerada como "vehículo de socialización política y de cohesión social" que junto con "los medios de comunicación y otros espacios públicos compartidos y la vivencia de los símbolos nacionales, fortalezcan vínculos, lealtad y el sentimiento de pertenencia al nuevo Estado".
