La Red de Acogida de Inmigrantes de Jerez ha denunciado el trato que sufrieron el pasado jueves tres chicos africanos de Centro de Protección de Menores de Emergencia Anide, 9, situado en la calle Ávila. Según advierte este colectivo, en la noche del 21 de febrero los tres jóvenes (uno de Liberia, otro de Costa de Marfil y otro senegalés) fueron “invitados” a salir del citado centro hacia las 22.00 horas de la noche. Fue entonces cuando los chicos pidieron amparo a la Red de Acogida de Inmigrantes de Jerez, que los ha alojado provisionalmente en la Biblioteca del sindicato CNT.
En el día anterior, continúa la denuncia de la Red de Inmigrantes, se personaron agentes de Policía Nacional en el centro de la calle Ávila, para llevarse a los tres a Comisaría. Una vez allí, se les entregó una notificación de Fiscalía donde se les declaraba mayores de edad (después de haberles hecho pruebas oseométricas hace unas semanas), y se les retuvo varias horas en los calabozos. A continuación, se les entregó un acuerdo de inicio de procedimiento de expulsión, “que firmaron sin entender lo que firmaban, y sin que hubiese llegado aún la traductora”. Para esta asociación, la forma de proceder de la Policía Nacional para comunicar un decreto de Fiscalía acerca de mayoría de edad “es totalmente irregular e inédita”.
Tras volver al centro de Anide, la directora (al día siguiente) les apremió a marcharse, siguiendo órdenes de la Junta, sin asegurarse previamente si podían alojarse en algún lugar. Se da la circunstancia, además, de que uno de los chicos, de Liberia (procedente del Open Arms) es solicitante de Asilo.
Desde la Red de Acogida de Inmigrantes de Jerez denuncian que las pruebas de determinación de edad, oseométricas, ordenadas por la Junta de Andalucía, están muy cuestionadas por su amplio margen de error, pues instituciones como el Defensor del Menor en Andalucía las considera poco rigurosas.
Lamentan que nuevamente se vean obligados a denunciar “las malas prácticas” y “el trato indigno y poco cuidadoso” que la Junta de Andalucía da a sus menores tutelados, lo que les lleva a concluir que se está dando una situación de “maltrato institucional” a los menores extranjeros.
