Álvarez defendía la apuesta de su departamento por las políticas de austeridad, entre ellas la instrucción del pasado 29 de julio que regulaba el uso de los transportes públicos para el servicio de notificaciones y embargos, puntualizando que atañe a aquellos lugares "donde exista una red de transporte público colectivo", en los que se realizará en autobús, puesto que la orden regula el uso de taxis en los casos "excepcionales", como ocurre, ejemplificaba, con los traslados a prisiones, como denunciaba el juez decano de Sevilla.
Según Álvarez, la "reorganización" de los servicios de notificaciones y embargos que permitirá ahorrar dos millones de euros para invertir en la creación de 40 puestos de trabajo y en otras medidas que redunden en la mejora de la Justicia.
Esta medida de "austeridad", relata la consejera, fue puesta en conocimiento de la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 21 de julio y está en la línea del trabajo conjunto que la consejera Begoña Álvarez y el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, pusieron en marcha para impulsar conjuntamente el cambio necesario en la Administración de Justicia.
La titular de Justicia sostiene que todas las medidas que adoptan en la Administración implican un "cambio de cultura" porque, según apuntó, son necesarias políticas "responsables y eficaces" en un modelo que "lleva funcionado igual desde 1870".
"Es responsabilidad de todos superar la resistencia de una organización arcaica a la implantación de nuevas medidas que se introducen con el foco puesto en la ciudadanía", sentenció Álvarez, quien recordó que la instrucción de la Consejería para regular el uso de los medios de transporte "no ha supuesto ni va a suponer un perjuicio para los servicios de notificaciones y embargos", porque ya se han comunicado a todos los colectivos implicados "medidas de apoyo a estos servicios que ya estaban sobrecargados".
Álvarez añadió que su departamento está trabajando en un plan de reorganización de los servicios de notificaciones y embargos que, además de un ahorro económico para las arcas públicas, dotará de "más eficacia" a dichos servicios.
Finalmente, la consejera recordó que las delegaciones provinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública serán las encargadas de valorar la autorización para el uso el servicio del taxi en aquellas circunstancias que consideren oportunas.
