Las críticas internas dentro del PSOE por el modo en que el Gobierno ha gestionado el diálogo con el Govern catalán, aceptando un relator que coordine los trabajos de una mesa de partidos catalanes, han arreciado este miércoles, a pesar del intento de la vicepresidenta, Carmen Calvo, por relativizar el alcance de esta figura.
Tan sólo horas después de que Calvo aceptase esta figura del relator, comenzaron a surgir los primeros cuestionamientos dentro del PSOE. "Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una Comunidad Autónoma necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones", escribió en su cuenta en Twitter la exportavoz en el Congreso Soraya Rodríguez.
"Aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el estado de derecho ni la decencia. Estoy seguro de que @sanchezcastejon no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar", escribía casi al mismo tiempo en la citada red el presidente de Aragón, Javier Lambán.
Este miércoles más voces se han sumado a estas críticas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pedía convocar el Consejo de Política Federal del PSOE para estudiar la propuesta del relator porque, bajo su punto de vista, alimenta una expectativa de que a largo plazo pueda haber una forma de referéndum cuando éste "es inviable".
La petición de Page era secundada incluso por líderes socialistas alineados con la dirección de Pedro Sánchez, como el castellano y leonés Luis Tudanca. "Es muy oportuno (convocar el Consejo de Política Federal) para abordar éste y otros temas, tenemos problemas territoriales abiertos y el PSOE debe ponerse de frente a los secesionistas y a la ultraderecha que quieren acabar con las autonomías en este país", ha dicho Tudanca, para quien, a diferencia de Page, la figura del relator no es más que una anécdota mal explicada.
Desde el Congreso de los Diputados también compartió su opinión con los medios de comunicación el expresidente de Castilla La-Mancha y actual diputado, José María Barreda, para quien el problema reside en que, al aceptar la figura del relator, el Gobierno de Sánchez da la impresión de estar "cediendo una vez más" ante los independentistas y cree que ha llegado el momento de "poner pie en pared" y dejar claro que hay cuestiones "inaceptables".
Para Barreda, la "confusión" que hay en torno a esa figura del relator, coordinador o mediador del diálogo político sobre Cataluña "pone en evidencia que no se sabe muy bien qué es lo acordado".
Tras escuchar a la vicepresidenta Carmen Calvo, dice estar tan "desconcertado" como antes y no cree que las cosas se hayan aclarado: "La impresión que da (el Gobierno) es que se está cediendo una vez más en la batalla de ideas y de símbolos", resume.
El diputado reconoce que estas polémicas no benefician "para nada" al PSOE, que tiene una cita muy importante en las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo en la que el desgaste puede ser muy elevado. "A mí me resulta doloroso porque soy de los que quieren que el PSOE gane hasta en los entrenamientos", se ha lamentado.
ELECCIONES YA
Precisamente por eso, la posibilidad que apuntan algunas fuentes territoriales es que se convoquen elecciones generales cuanto antes si la semana que viene son rechazados en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado en su primer examen parlamentario, el del debate de enmiendas a la totalidad.
El argumento de estas voces es que es difícil explicar qué se va a negociar con la Generalitat de Cataluña si no está sobre la mesa el proyecto de Presupuestos y no hay, por tanto, partidas, políticas e inversiones que discutir.
En este contexto, el Ejecutivo del PSOE debe convocar elecciones generales y llevar a las urnas su plan de diálogo con Cataluña. Los comicios, apuntan estas fuentes, deben celebrarse separados de las autonómicas y municipales de mayo y, en su opinión, cuanto antes, esta primavera.
No comparten la idea de dejar las generales para otoño porque creen que dificultarán las negociaciones para formar gobiernos en las Comunidades, donde los acuerdos pueden quedar supeditados a los que se tengan que alcanzar para llegar a La Moncloa.
