El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha decretado la apertura de juicio oral contra 50 acusados en el caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en dicha localidad, entre ellos el exalcalde Antonio Barrientos, por los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
En un auto, el instructor acuerda abrir juicio oral contra los 50 investigados que fueron acusados por la Fiscalía --acusó a 51 personas pero una de ellas ha fallecido--, y por los delitos que se les achaca "dados los numerosos indicios y presuntos hechos expuestos por el ministerio fiscal en su escrito de acusación y derivados de la instrucción de la causa".
Asimismo, en dicha resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez declara la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento del procedimiento en su momento y da un plazo de 60 días, dado el volumen del procedimiento y que se trata de causa
compleja, para que las defensas presenten sus escritos.
El instructor insta también a que cada procesado preste una fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse. Así, pide el afianzamiento de una cantidad global entre todos los acusados y determinadas entidades de más de 184 millones de euros, para hacer frente a las posibles multas y responsabilidades civiles, también las de carácter subsidiario.
Al respecto, algunos abogados han presentado recursos solicitando rectificación o aclaración respecto de las fianzas pedidas para sus clientes. Así, consideran que en el caso de las cantidades fijadas para hacer frente a las multas se ha incrementado un 30 por ciento la cuantía respecto a lo que pide el fiscal, lo que "cabría hacer únicamente con las cantidades en concepto de responsabilidad civil".
A mediados de septiembre el juez dictó otro auto acordando el sobreseimiento respecto de 39 personas, tras haberlo solicitado la acusación pública, en su calificación provisional, de más de 160 páginas, en el que explicaba la investigación llevada a cabo sobre el periodo comprendido entre 2003 y mediados de 2007 y las actuaciones municipales realizadas sobre todo en urbanismo.
Además del exregidor, para el que el fiscal pide diez años y nueve meses de prisión, multa de un millón de euros e inhabilitación para empleo público durante 38 años; están acusados otros cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del PES, que formarían según la acusación los principales responsables; así como empresarios y empleados municipales.
La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Estepona a raíz del caso 'Astapa'. Así, considera que Barrientos y esos otros principales acusados deberán indemnizar de forma solidaria al Consistorio con dicha suma "a integrar en el Patrimonio Municipal del Suelo".
Según la Fiscalía, estos seis políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones "orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios" para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición" y también presuntamente para beneficio propio.
ACUSACIÓN
El fiscal apunta inicialmente a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos "tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica" en el municipio, pero "en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios".
"Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una 'Caja B', procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios", dice la Fiscalía.
Ese pago era "impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales", considera el fiscal, añadiendo que las contribuciones "se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales".
Esto dio lugar "a manipulaciones en el objeto de facturas o a la emisión de otros documentos falaces", sostiene la acusación pública en sus conclusiones provisionales, señalando que los empresarios "solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio".
Por eso, en los años siguientes, supuestamente, "se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido", de forma que se condicionaba la aprobación de los instrumentos de desarrollo y transformación del suelo y la tramitación de convenios e incluso licencias.
En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento y se han detectado medidas relacionadas con el urbanismo, supuestamente llevadas a cabo por los principales acusados, "tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público, buscando a cambio ventajas actuales o futuras para sus partidos o para ellos mismos", señala el fiscal.
