La Fiscalía pide cuatro años de prisión para los dos principales acusados de un grupo de unas 40 personas que podrían haber cometido supuestos delitos de estafa o contra la Seguridad Social con una 'empresa fantasma' que decía estar radicada en Dílar (Granada), dentro del régimen agrario, lo que habría conllevado el cobro de "prestaciones y subsidios indebidos".
El grueso de los acusados estuvieron contratados por los dos responsables de la empresa, y para ellos pide el Ministerio Público dos años de prisión, según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.
Se constataron supuestamente irregularidades por la Dirección Provincial de la Seguridad Social de Granada en la empresa del principal acusado, que estaba inscrita como de "cultivo de cereales". Se estima que se produjo un perjuicio al Servicio Público de Empleo Estatal por valor de 96.825 euros.
Su código de cuenta de cotización (CCC) principal venía fechado en enero de 2012, coincidiendo con el alta inicial de sus trabajadores. "Fue dada de baja por la Seguridad Social por declaración de empresa ficticia el día 13 de febrero de 2013, contando con un total de 62 afiliados de los que 17 generaron derecho a algún tipo de subsidio o prestación como consecuencia del paso por dicha actividad empresarial", ha agregado el fiscal.
Asimismo, con un CCC asociado constaba su inicio de actividad el 25 de febrero de 2000, siendo igualmente "anulada" por la Seguridad Social como "empresa ficticia" a finales de 2011, "contando entonces con un total de 64 trabajadores, de los que once generaron derecho a algún tipo de subsidio o prestación".
En ambos CCC aparecía el otro acusado para el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión, quien estaba autorizado en el sistema RED de la Seguridad Social en nombre de la 'empresa fantasma', que habría tenido como objetivo que los contratados --normalmente en periodos cortos de tiempo, que, en algunos casos no alcanzaban el mes--, "pese a no haber realizado actividad laboral alguna" en la forma "en que se certificaba", pudiesen "disfrutar de prestaciones" y "subsidios" de carácter "público".
Los dos acusados principales, "guiados por el mismo propósito de emular una relación contractual", y "concertados entre sí", también procedían supuestamente a "dar de alta a algunos trabajadores para, seguidamente, días más tarde, darlos de baja por enfermedad".
Por todo ello, el fiscal los considera a ellos dos autores de la presunta comisión de un delito continuado de estafa en concurso con otro continuado de falsedad de documento oficial. Alternativamente, podrían haber incurrido, según el Ministerio Público, en un supuesto delito contra la Seguridad Social. Sea como sea, pide para ellos penas de cuatro años de prisión, variando la petición de multa de 9.000 a 290.475 euros, según la calificación.
En cuanto a los acusados que habrían sido contratados, unos 40 en total, y que cobraron prestaciones de hasta 7.789 euros, podrían haber incurrido en supuestos delitos de estafa en concurso con otro continuado de falsedad documental, o, alternativamente, contra la Seguridad Social, por los que el fiscal les pide dos años de prisión, con multa de 4.500 euros o, si fuera la segunda calificación, con "la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones y del derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante cuatro años".
Está previsto que los hechos sean juzgados entre el 7 y el 11 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
