González Rodríguez acusa a Barba de “mala gestión” y de hacer “caso omiso” a la normativa municipal en referencia a la piscina, cuya licencia se perdió en junio de 2008 a raíz del informe negativo de una inspectora de Sanidad de la Junta de Andalucía.
La razón era que el área recreativa “no cumplía con la normativa exigida en altura por cuatro centímetros en el vaso principal”, explicaba González. Por esta razón, la piscina ha permanecido cerrada durante el verano de 2008, el invierno y lo que llevamos de verano de 2009.
Según González, “la única solución viable que ofrecían estos señores era pagar entre todos los vecinos los desperfectos, cifra que estiman en aproximadamente 43.000 euros”. Para los vecinos, “no se comprende cómo se pide dinero a los vecinos estando las zonas comunes en garantía de construcción e incluso certificada por el arquitecto Fermín Álvarez por parte de Metrovacesa como empresa constructora”.
Paralelamente, la intercomunidad vecinal interpuso una denuncia contra el arquitecto, una demanda judicial que, según González, fue presentada por Barba de manera unilateral y sin consultar a los vecinos.
González explicó que, en conversaciones posteriores con el arquitecto, éste se habría negado a acometer las reparaciones a causa de la presentación de la citada denuncia, y considera más responsable la opción de retirarla y negociar.
Asimismo, apelaron a la flexibilidad de la normativa y “al derecho que expresa” aseverando que “existen casos en los cuales es estudiable la magnitud de la infracción o desperfecto existente, pudiéndose otorgar la licencia en casos extraordinarios y pertinentes”. De igual modo, mostraron su perplejidad ante el hecho de que en los tres años anteriores, tanto el arquitecto como la Inspección de Sanidad “pasaran por alto” estas irregularidades.
En lo que se refiere al administrador, aseveraron que tanto Modesto como Barba eludieron peticiones de asamblea y que, en el caso concreto del administrador, éste “deja de ejercer sus funciones de colegiado oficial”, lo que habría llevado a estos vecinos a poner el hecho en conocimiento del Colegio Oficial de Administradores de Fincas.
Negociaciones y asamblea
Preguntado por este diario acerca de la polémica, Fernando Barba tildó de “falsa” la afirmación de González de que la denuncia al arquitecto fuese una decisión unipersonal, alegando que esta determinación se aprobó “en una asamblea general” a la que “también acudieron ellos”.
Asimismo, comunicó que en el último mes tuvo lugar una reunión a la que asistieron representantes de las dos partes inmersas en el proceso judicial, y en la que se intentó alcanzar, sin éxito, una negociación con el arquitecto, y en la que, indicó, era cuestión irrenunciable que se acometiese en primer lugar la reparación del desperfecto, la única solución viable, a su juicio, ya que una hipotética flexibilidad municipal seguiría contraviniendo el informe de la Inspección de Sanidad.
Respecto a la petición de dinero a los vecinos, reconoce que la cuestión se planteó en la mencionada asamblea, ya que “la mitad de los representantes vecinales defendían que se pagase”, pero que “se votó en contra”, y remite a las actas de la reunión vecinal.
