La infravivienda es uno de los aspectos que más ha definido el caserío del Casco Histórico de la capital gaditana. Con numerosos planes, iniciativas y millones invertidos, con acciones enfrentadas entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía. Así han pasado los años.
Ahora, a través de la creatividad que “permite el momento vivido en los últimos años se han buscado nuevos caminos”, explicó el delegado provincial de Fomento y Vivienda, Federico Fernández.
Nada más tomar posesión de su cargo, el delegado de Fomento y Vivienda se reunía con representantes de la asociación Pro Derechos Humanos, de donde tomaba buena nota de la situación que se vivía en la ciudad. También ha mantenido encuentros con la Federación de asociaciones de vecinos ‘5 de abril’, con Facua, el colegio de Arquitectos, el de Trabajadoras Sociales... De ahí que decidiera poner en marcha un proceso “potente de interlocución social”.
Ganas hay y muchas, pero Federico Fernández hace hincapié en que no todos los vientos van a su favor y que están trabajando para una administración, cuya tramitación burocrática, en muchas ocasiones, impide seguir los ritmos previstos y las intenciones con las que se inician los procedimientos.
“Hemos alineado los planetas para intentar culminar un proceso con mucho tiempo y dinero invertido”, explica Fernández, quien explicaba los ajustes y las líneas de trabajo de colaboración público-privada. “El cien por cien de los inmuebles con condición de infravivienda son fincas privadas, lo que exige una respuesta distinta”, matizó.
Por otro lado, “teníamos que tirar del urbanismo para crear las condiciones idóneas” para llegar a los acuerdos con los privados -a través de planes especiales. “Hemos optado por proponer la figura de planes especiales para el Ayuntamiento, que está pendiente de una delimitación, para lo que ya hay contactos técnicos. Es factible ponerlo en marcha esta legislatura porque no hay que tocar el Plan General. Con buena voluntad podría ser en muy pocos meses”, explicó el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta.
“Hemos establecido una prioridad política que da respuesta a las necesidades que tiene la ciudad de Cádiz en materia de vivienda, y para eso necesitamos una complicidad de la Administración local”. Los contactos políticos son “buenos pero los técnicos son inmejorables”.
Situación actual
El director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Cádiz, Joaquín Muriano, atendía a Viva Cádiz para explicar que “la infravivienda no es un problema de números, es una cuestión de calidad de vida”. Como repaso de la situación recordaba que desde el año 99 se ha intervenido en 5.176 viviendas, lo que han supuesto 139 millones de euros, estando una gran parte destinada al Casco Histórico.
Del listado facilitado por la empresa municipal de Vivienda (Procasa) sobre situación de la infravivienda se deslizan los siguientes datos: hay 30 inmuebles, donde viven 150 familias. La consideración de infravivienda conlleva distintos grados que van desde la habitabilidad, hasta problemas estructurales, pasando por la accesibilidad.
Desde el verano de 2017, explicó Muriano, se ha realizado un trabajo de campo sobre el mapa de infravivenda municipal. Se crearon equipos con trabajadores sociales y aparejadores que realizaron informes de cada uno de los inmuebles. “Se detectó ahí que en la inmensa mayoría de los inmuebles donde hay infravivienda, el propietario vive fuera del inmueble” y los inquilinos que hay son de renta antigua. Para el propietario no es “ningún negocio” arreglar la finca con inquilinos de renta antigua. Por un lado puede resultar “ruinoso el mantenimiento y por otro está que el dueño de la finca tenga capacidad económica para ello”. En esta situación hay 24 fincas.
El técnico del AVRA insistió en que el Plan Andaluz de Vivienda considera infravivienda aquellas condiciones ruinosas del edificio, con renta baja de los habitantes del mismo, pero que a su vez tienen que ser propietarios. Ante esta situación, Cádiz se quedaba un poco fuera de la iniciativa regional. Es entonces cuando la Junta se plantea convertirse en “administración que invierte en lugar de en administración que subvenciona”.
La solución acordada es que la Junta pone un dinero para rehabilitación y a cambio el propietario paga con su equivalente en metros cuadrados de vivienda en ese mismo inmueble. Y los inquilinos se quedan en la finca rehabilitada. El objetivo es que estas VPO tengan un “equilibrio cero a los 40 años”, aclaró Muriano.
A cada uno de los propietarios de las fincas que podrían acogerse a esta herramienta se le ha mandado una carta para que haya concurrencia. “Ya ha habido cinco reuniones y uno de los casos está muy avanzado y se está montando el expediente de inversión”.
Para calcular el coste del metro cuadrado en cada una de las intervenciones (de cara al pago del propietario) se utiliza el ratio de dinero invertido en la rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz en los últimos diez años respecto a los metros cuadrados de vivienda.
Con esta alternativa, aclaró el técnico de la Junta, Cádiz se convierte en pionera a nivel de la comunidad autónoma andaluza de este tipo de propuestas, gracias a la intervención de la Junta de Andalucía. Es “una experiencia piloto de colaboración público-privada” en favor del patrimonio de la ciudad. La idea es ir archivando expedientes “conforme haya acuerdo con los propietarios y se vaya contando con presupuesto”.
La tripartita
La mesa tripartita de vivienda se ha reunido en varias ocasiones tanto a nivel técnico como político. En este órgano destaca “el buen talante y las ganas de colaborar”, que han impulsado la puesta en común de datos y han posibilitado la apertura de diferentes frentes desde los que poder perpetuar la colaboración interadministrativa y que permitirán desarrollar iniciativas desde el urbanismo para afrontar la necesidad de vivienda”, dijo en su momento Federico Fernández.
La concejala de Vivienda, Eva Tubío, destacó tras la última reunión que “hemos avanzado en la mejora de la coordinación entre ambas instituciones” lo que se traduce en que “ya se está notando un cambio en la política de vivienda diferente en la ciudad por parte de ambas instituciones a través de promociones y proyectos puestos en marcha”.
Remarcó que, “tanto en Vivienda como en Urbanismo, se están sentando las bases de lo que va a ser las políticas de esta delegación”.
El mapa urbano
En junio del pasado año, el equipo de Gobierno presentaba el mapa urbano de la infravivienda en la ciudad. “Una herramienta pensada para localizar y cuantificar las viviendas y edificios en situación de infravivienda para su rehabilitación, adecuación y puesta a disposición de quienes más lo necesiten”. El resumen del estudio hablaba de un total de 2.915 edificios residenciales del Casco Histórico, con 50 edificios con infravivienda, 146 deshabitados y 25 solares. Los resultados por barrio ofrecían como datos que la mayoría de los edificios con infravivienda se encuentran en el barrio de San Juan-Callejones (13 fincas); en el Centro (con 11 edificios con infravivienda); la Viña con nueve fincas, el Mentidero con siete y Santa María con seis. Dicho mapa se realizó durante el primer semestre de 2016 con la participación de un equipo técnico formado por cuatro personas que visitaron más de mil edificios residenciales en el Casco Histórico. De esta forma, según el Gobierno local, se completaba el trabajo realizado a través del Plan de Vivienda, de tal forma que se pudieran “marcar las actuaciones prioritarias y se informaría a la Junta de Andalucía”, tal y como se ha hecho.
