La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha remitido una carta al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para que interrumpa los contactos entre su Gobierno y los interlocutores de los 307 presos de ETA que continúan cumpliendo condena sin desvincularse de la banda terrorista ni colaborar con la Justicia.
A la carta firmada por el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, le sigue un dossier, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se recuerdan los 3.517 atentados y las 860 víctimas mortales de ETA, que renunció a la actividad terrorista hace casi siete años, el 20 de octubre de 2011.
La AVT se apoya, entre otros, en datos de la Subdirección General de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior, para mostrar su "preocupación" por la ofensiva de organizaciones afines a los presos etarras, que quieren conseguir beneficios penitenciarios.
Tras los contactos con concejales franceses y la manifestación en París del 9 de diciembre, este sábado la plataforma Sare ha convocado una nueva marcha en Bilbao "hacia la paz y la resolución" de un conflicto en el que culpan por igual a España y Francia.
En la actualidad, según el informe de la AVT, hay 237 presos en España, 64 en Francia y cuatro en otros países. El documento de la asociación defiende la dispersión, una medida adoptada en 1988 para acabar con la posibilidad de que los etarras "gobernaran las cárceles" en las que hasta entonces estaban agrupados.
Hasta entonces, los presos de ETA no cumplían ninguna de las normas que el primer grado exigía y muchos de ellos vivían "en una doble prisión", de acuerdo a lo que defendía el por entonces director de Instituciones Penitenciarias Antonio Asunción, la impuesta por los tribunales y la establecida por los jefes de la banda, puesto que había presos que querían acogerse a los beneficios penitenciarios "pero los frenaban los duros".
Para la AVT, que cuenta con 4.569 socios, este sigue siendo el principal impedimento a día de hoy: "Si los presos de ETA no se han visto beneficiados por esos mecanismos ha sido por la propia voluntad de la organización terrorista, que no se lo ha permitido". Por eso subrayan que la iniciativa depende de la propia organización terrorista "y no de los Estados español y francés".
"NO HA HABIDO NINGUNA GUERRA"
"En el País Vasco no ha habido ninguna guerra, sino un grupo terrorista que ha sembrado el terror a través de la violencia, la extorsión y la amenaza a la sociedad vasca en particular y a la española en general", recuerda la AVT en su dossier enviado a Macron.
En este sentido, insiste en que las medidas legales previstas en el ordenamiento jurídico "no son excepcionales sino específicas para hacer frente a una criminalidad excepcional" que, según los datos de la Subdirección General de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, han dejado 3.421 víctimas indemnizadas. "Instrumentos legales", dicen, "necesarios para derrotar a los terroristas".
La AVT alude a la Vía Nanclares y recuerda que calificación en el tercer grado y los beneficios penitenciarios contemplados en la ley están condicionados a que el preso muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y, además, haber colaborado activamente con las autoridades.
También cita resoluciones judiciales en España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que no reconoce el derecho del preso a elegir su lugar de detención y que sostiene que la separación familiar es una consecuencia inevitable de su prisión, por lo que las autoridades gubernativas tienen un amplio margen de discrecionalidad en la asignación del destino con arreglo a la legislación interna.
MOVIMIENTOS DEL ENTORNO DE ETA
La AVT pide a Macron que estudie recibirles para ampliar sus inquietudes después de que el pasado 23 de octubre el foro Bake Bidea informara de los contactos con el Ministerio de Justicia francés.
Este foro respalda las gestiones de los denominados 'artesanos de la paz', impulsores de acciones a favor de los presos de ETA como la entrega de armas en Bayona en abril de 2017 o la moción del 22 de noviembre que aprobó el Ayuntamiento de París en apoyo "al proceso de paz del País Vasco" que, según ellos, "atraviesa por etapas importantes tras decenios en los que el País Vasco, España y Francia han conocido la violencia".
El 9 de diciembre, cientos de personas movilizadas por grupos afines se manifestaron en París para criticar el "silencio pesado" tanto de España como de Francia, a quienes reclaman cambios en la política penitenciaria.
El portavoz del Foro Social Permanente, Agus Herran, aseguró el 8 de enero que el Colectivo de Presos de ETA, EPPK, le ha mostrado en una reciente reunión su disposición a "reconocer el daño causado" y a mantener encuentros con sus víctimas a cambio de fijar una "hoja de ruta transversal" para que en unos "plazos razonables" haya excarcelaciones.
Según este portavoz, los reclusos de la banda terrorista quieren "evitar los reproches" y dicen que ya han pedido trabajar en cerca de 20 cárceles españolas, mostrando su disposición a cumplir la legislación.
