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Sevilla

Pleno aprueba conectar el Alamillo con San Jerónimo

Aprobada la adenda al convenio urbanístico de 2005 con Puerto Triana y Epgasa para el retranqueo del vallado del Pabellón de la Navegación

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El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido en sesión ordinaria, ha aprobado, con el apoyo de PSOE, PP y Participa Sevilla y la abstención de Cs e IU, la adenda al convenio urbanístico de 2005 con Puerto Triana y la Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa) de la Junta de Andalucía para el retranqueo del vallado del Pabellón de la Navegación y la incorporación del espacio libre al proyecto ahora en ejecución del Parque de Magallanes.

Epgasa cederá 404 metros cuadrados al espacio público, retranqueando el vallado y permitiendo el paso de los peatones y ciclistas de forma continuada hacia la ribera del río, el Jardín Americano, los Jardines del Guadalquivir, el Parque del Alamillo y, ya al otro lado de la dársena, el Parque de San Jerónimo y el Paseo Juan Carlos I. Acometerá el nuevo vallado del Pabellón de la Navegación, mientras que la Gerencia de Urbanismo acondicionará la avenida Camino de los Descubrimientos y la conexión peatonal entre el sur del museo con los itinerarios peatonales del nuevo recinto verde.

Además, el Pleno ha aprobado desestimar la resolución de los conciertos urbanísticos correspondientes a suelos incluidos en el ámbito del SUS-DMN-02 'San Nicolás Este', así como de la reclamación de reintegros por valor de unos once millones, con el apoyo de PSOE, Participa e IU y la abstención de PP y Cs. Los propietarios de los terrenos alegan ahora la inviabilidad del desarrollo de éstos, algo que el Ayuntamiento niega. Esos conciertos eran previos al desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 2006, y el Ayuntamiento se comprometió a su incorporación en el citado planeamiento.

Por otra parte, se ha desestimado el recurso contra el acuerdo adoptado en el consejo de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, con el apoyo de PSOE, la abstención de PP y el voto contrato de Participa, Cs e IU.

Éste recurso hacía referencia a la petición de una entidad de revisar la adjudicación sobre un centro deportivo de una empresa que habría "realizado manifestaciones falsas a la hora de conseguir la licitación", ya que habría mencionado que tiene acuerdos con otras entidades que serían inexistentes, según explica la concejal de Participa Cristina Honorato, que añade que, aunque el Ayuntamiento dice que eso no ha influido a la hora de otorgar la concesión, "qué mensaje da la Administración si no pasa nada cuando una entidad realiza manifestaciones falsas".

Honorato habla de "vulneración de derechos y de incumplimientos del programa del PSOE respecto a revertir las politicas de privatización del PP", así como de una "nefasto" modelo base de los centros deportivos, teniendo en cuenta la situación de instalaciones en Bami, Sevilla Este o Huerta del Peregil, algo que comparte la edil de IU Eva Oliva, que califica también de "nefasta" la gestión del IMD. "Este modelo de gestión no sirve", sentencia, tras apuntar al "perjuicio" que se genera.

Al hilo de ello, el concejal de Cs Francisco Moraga incide en que no puede votar favorablemente a una "adjudicación que se ha basado en documentos que tienen falsedades". "Huele mal", sentencia, añadiendo que, si ha mentido en una parte de los pliegos, "quien dice que no va a hacer lo mismo con el resto".

El concejal de Deportes, David Guevara (PSOE), ha criticado que la oposición "ponga en duda el informe de un funcionario" y se ponga en cuestión el modelo, añadiendo que "la Ley de Contratos Públicos es lo que es y el modelo anterior asfixiaba a los clubes y tenía muchos problemas". "Ahora con el nuevo pliego se ha generado una mayor expectativa y se están gestionando bien, de forma solvente y se puede practicar deporte de calidad", concluye.

De su lado, el edil del PP Ignacio Flores señala que este modelo es "el único que existe" y que "lo que era raro e ilegal eran las juntas rectoras que tenía IU, que ponía a sus amigos al frente". "Si la empresa cree en su legítimo derecho, que vaya a los tribunales, pero a priori no se puede hacer un prejuicio de que el informe jurídico que ha hecho el IMD no vale", insiste.

MODIFICACIÓN DE URBANISMO Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado modificaciones del anexo de inversiones del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo. El responsable de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), ha explicado que se trata de dos mociones, una que supone un suplemento de pago a la consultora que ha elaborado el plan de la bicicleta y otra de 78.000 euros, por un informe técnico de Prevención de Riesgos Laborales, para hacer obras en la caracola de la Oficina de Atención al Ciudadano. Este último montante sale del dinero para la intervención en la capilla de San José de 2017, ya que sus propietarios aún no han presentado el proyecto de intervención.

En este marco, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha puesto en cuestión la ejecución de las partidas relacionadas con la bicicleta, que estima en un "once por ciento, mientras que el de mantenimiento de carriles está en un cuatro por ciento". "El PSOE incumple su propio plan director", afirma Rojas, ante lo que Muñoz advierte de que esa planificación no es sólo para 2017.

De su lado, la portavoz de Participa, Susana Serrano, advierte de que la retirada de partidas de proyectos, como el de la Casa del Pumarejo, "que además forman parte del acuerdo de investidura, van en línea con los continuos incumplimientos del PSOE con este grupo". "No decimos que no esté mejor que con el anterior gobierno, pero queda mucho mucho por hacer", sentencia.

Por último, el Pleno ha acordado el reconocimiento de crédito por la renta derivada de la ocupación de parcelas de la Autoridad Portuaria por el recinto ferial en 2016. El responsable de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha explicado que se trata de la ocupación de la vía pública tras el Club Náutico y otra zona junto a la que ocuparía la Ciudad de la Justicia. "Discrepamos sobre la titularidad, pero hasta que se haga el plan parcial y la reparcelación, la titularidad es del Puerto y hay que pagar", añade, señalando que se va a impulsar un proceso por el que el Ayuntamiento va a cobrar por la caseta de la Autoridad Portuaria.

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