La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de daño al patrimonio derivado de la instalación de tensores en la fachada de la sede del Gobierno de la Junta y otros edificios del Paseo de Almería para la colocación del entoldado de feria, hechos por los que además la Delegación Territorial de Cultura abrió expedientes sancionadores contra el Ayuntamiento de Almería.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, quienes han precisado que la providencia de la Fiscalía Provincial de Almería les fue notificada el pasado viernes a raíz de que fuera la propia Delegación de Cultura la que remitiera un expediente con un informe técnico al Ministerio Público para que determinara si los hechos eran constitutivos de delito.
Mientras, desde la Junta se decidió suspender provisionalmente los expedientes sancionadores al Ayuntamiento de Almería por la instalación de los tensores para sujetar los toldos de feria que, según la Junta, se habrían sujetado en las fachadas de dos edificios declarados BIC como son el Teatro Cervantes y la sede de la Delegación del Gobierno.
Desde el Ayuntamiento de Almería se ha mantenido hasta el momento que la actuación denunciada fue desarrolladas por "parte de la empresa adjudicataria" y no del Consistorio, desde donde tras conocerse lo ocurrido se "paralizó" la instalación y se procedió a "restituir la realidad física alterada".
Para el Ayuntamiento "no se aprecia la existencia de conducta reprobable a efectos de incoar un procedimiento sancionador, una vez restituida 'ipso facto' la realidad física alterada" que "impide averiguar a simple vista en qué lugar se practicó la sujeción, tal y como determina en su informe el Jefe de Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo", cuya autoría, en cualquier caso, se debe a "un comportamiento negligente de la empresa adjudicataria del contrato de suministro de toldos".
Pese a todo, la empresa instaladora ha sido "objeto de penalizaciones" por parte del Ayuntamiento de Almería porque "no cumplió con el pliego de condiciones en lo que al sistema de montaje" se refiere, ya que debía contar con autorización de todos los propietarios de edificios en los que actuara, ni tampoco a "los requerimientos que se hizo por parte de los técnicos".
Los técnicos de la empresa "tenían que facilitar un listado de aquellos edificios en los que se fuese intervenir para colocar esos vientos" pero "ese listado nunca se nos facilitó". "El Ayuntamiento no tenía constancia de que ese --el de la Delegación de Gobierno-- fuese uno de los edificios que podían ser soporte de contraviento", manifestaron desde el Ayuntamiento.
