La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete exconsellers, mientras que ha impuesto una fianza de 50.000 euros al exconseller Santi Vila para poder eludir la cárcel.
De este modo, la juez asume por completo la petición de la Fiscalía y envía a la cárcel por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva a Junqueras y los ocho exconsellers que han comparecido hoy investigados por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos.
Además de Junqueras van a prisión los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Santi Vila (Empresa), este último, que dimitió un día antes de la declaración de independencia, hasta que deposite la fianza.
La juez ha apreciado alta probabilidad de riesgo fuga porque "tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero".
Alude así Lamela a la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsellers a Bruselas para los que la Fiscalía ha pedido a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco investigados a disposición de la Justicia, solicitud que la magistrada aún no ha resuelto.
"En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido", destaca el auto.
Para evaluar el riesgo de fuga, la juez tiene también en cuenta la gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esta causa porque "a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de huir".
En este sentido el auto recuerda que "los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, quince año de prisión por el delito de sedición, y ocho años" por el de malversación que además "puede ascender a diez años en caso de que se haya producido falseamiento en la contabilidad".
También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las "actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" desde que comenzó en 2015 la andadura del proceso de independencia en Cataluña.
Dice Lamela que los investigados "vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia".
Todos ellos jugaron "un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras" que pudieran desviarles de su última finalidad.
"La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional" relativas al proceso independentista, añade.
Para argumentar la prisión incondicional indica también que se aprecia alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace pocos días.
A lo largo del auto, Lamela desgrana el papel de cada uno de ellos en cada paso del llamado 'procés' a lo largo de estos dos últimos años hasta culminar en la declaración de independencia en el Parlament catalán que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, produciendo el cese de todo el Govern y la disolución de la Cámara autonómica.
Al contrario de lo que sucedía en el Supremo, que ha suspendido a petición de las defensas la comparecencia como investigados por los mismos hechos de la presidenta del Parlament Carme Forcadell y de 5 miembros de la Mesa, en la Audiencia Nacional ninguna de las partes ha pedido la suspensión de la toma de declaraciones, a excepción de Turull, al que se le ha denegado porque la petición no la ha hecho su letrado.
