Podemos Algeciras ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, reclamando su intercesión ante la negativa del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Algeciras a facilitar información pública y transparente relativa a los pagos a proveedores, una problemática que sitúa al Ayuntamiento como el segundo más moroso de España según los informes dados a conocer por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
En el último Pleno ordinario de la Corporación, Algeciras Sí Se Puede (ASSP), grupo municipal auspiciado por Podemos, presentó una moción a debate en la que se instaba al equipo de Gobierno a que publique trimestralmente en la página web municipal el listado de las facturas abonadas por el Ayuntamiento en servicios a proveedores.
La moción fue rechazada por los votos del equipo de Gobierno, que reclamaba un plazo de más de un año para hacer efectiva dicha publicación, una maniobra que es valorada desde ASSP como un intento de evitar el conocimiento público de los procedimientos que se están siguiendo en el pago a proveedores y una dilatación en el tiempo de la reclamación que situaría la misma en el escenario de la campaña electoral para las próximas elecciones municipales.
El portavoz de ASSP, Alejandro Gallardo, considera “intolerable” que el equipo de Gobierno del PP “eche balones fuera con un asunto tan grave”, después de que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) haya hecho público que el Ayuntamiento de Algeciras es el segundo más moroso de España en el pago a proveedores, y de que los procedimientos de pago que se están siguiendo no se correspondan con la exigencia legal de pago por antigüedad, sino por amiguismo.
Ante la negativa del PP a asumir su responsabilidad para con la transparencia y el respeto al derecho de información pública del ciudadano ante un hecho tan grave, Podemos ha recurrido al amparo del Defensor del Pueblo Andaluz para que inste al equipo de Gobierno a que cumpla con esta exigencia legal y democrática.
La moción de ASSP planteaba que dichos listados contengan, al menos, la fecha y número de la factura, la razón social del proveedor, el concepto de la facturación, el importe y la partida presupuestaria en la que se computa el gasto. Igualmente, reclamaba que la entrada en vigor del acuerdo de la moción se llevara a cabo en el plazo máximo de tres meses.
