El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado el "sobreseimiento" provisional de las actuaciones contra el exalcalde de Algeciras Tomás Herrera dentro de la pieza separada de la denominada 'Operación Madeja' referida a la adjudicación del complejo deportivo Body Factory en el polideportivo El Calvario.
En el extracto del auto, al que ha tenido acceso VIVA, aparece reflejado que el juez ordena "seguir con las diligencias previas 74/2015, por los trámites del procedimiento abreviado" en relación con nueve personas físicas imputadas, entre las cuales se encuentra todavía el otro exprimer edil y exdelegado socialista de Urbanismo, Diego Sánchez Rull.
Acuerda también "dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras en s caso por plazo común de 20 días naturales, para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la caisa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias".
Añade ya, por último, "acordar el sobreseimiento de actuaciones en relación con Tomás Herrera Hormigo".
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado en total a 66 personas de cinco piezas separadas del caso Madeja o Fitonovo, sobre la adjudicación irregular de contratos públicos a esta empresa a cambio de sobornos a funcionarios.
Los procesados son directivos y trabajadores de la empresa, dedicada a servicios medioambientales para entidades públicas y privadas, así como funcionarios de diferentes administraciones públicas, tanto locales como nacionales.
En el auto de procesamiento, el juez afirma que la dirección de Fitonovo "creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando además una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".
De la Mata señala que estas personas crearon una trama para acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, lo que causó un "grave daño al interés publico" y "un grave daño al orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".
