La Guardia Civil ha detenido en Cádiz a los encargados de un concesionario que supuestamente habrían defraudado unos 600.000 euros y habrían perjudicado a unas 80 personas, ya que supuestamente falsificaban la documentación aportada por los clientes para obtener financiaciones fraudulentas fingiendo la compra de otros vehículos de alta y media gama, lo que supone que cometían presuntos delitos continuados de estafa y falsedad documental.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, las actuaciones han tenido lugar en Arcos y Jerez y la Agrupación de Tráfico del citado cuerpo inició las investigaciones tras la denuncia de un perjudicado al que le habían cargado una cuota en su cuenta bancaria por la compra de un vehículo el cual ya había pagado.
Las propias financieras implicadas denunciaron ante el Grupo de Investigación y Análisis de Trafico (G.I.A.T. Central) la comisión de un presunto delito continuado de estafa y falsedad documental en la compra de 43 vehículos tanto nuevos como seminuevos y comprobaron tras un primer análisis que los documentos aportados eran falsificados por una persona con conocimientos informáticos.
El G.I.A.T. Central abrió la denominada 'Operación Dentada', contando con la colaboración del G.I.A.T. del Subsector de Cádiz, para desarticular una supuesta trama dedicada a falsificar documentación personal de clientes que adquirían vehículos en un concesionario y con posterioridad la utilizaban sin su consentimiento para financiar otros vehículos.
Así, el modus operandi consistía en que los clientes acudían a comprar un vehículo en un concesionario y, al gestionar la adquisición de un automóvil nuevo o uno ya matriculado, el administrador copiaba la documentación del comprador para después utilizarla para solicitar la financiación de otro vehículo diferente.
Con ello el administrador cubría dos necesidades, la primera, mantener la cuota mínima de ventas del concesionario, y la segunda, obtener el dinero rápido que necesitaba para abonar otras financiaciones anteriormente adquiridas mediante el mismo método. Para evitar que le llegaran las cuotas a los perjudicados, utilizaba su propia cuenta bancaria.
Otra praxis detectada era que cuando la financiación era solicitada por un matrimonio o una pareja de personas, aunque para conceder el crédito fuese suficiente con la documentación de uno de ellos, el jefe de la trama aun así tomaba ambas documentaciones para a posteriori financiar otro vehículo sin su consentimiento.
Los perjudicados al desconocer el uso fraudulento de sus datos y tener un crédito a su nombre por la compra de un vehículo, no obtenían la autorización de las financieras para solicitar otros créditos, con el consiguiente perjuicio para ellos.
El inicio de las investigaciones tuvo lugar en Madrid y agentes del G.I.A.T. Central se trasladaron a las localidades afectadas de la provincia de Cádiz, que, junto a componentes del G.I.A.T. del Subsector, efectuaron las detenciones en la localidad de Arcos de la Frontera.
