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Provincia de Granada

La Fiscalía abre diligencias contra el alcalde de La Zubia

Antonio Molina (Ganemos), por supuesta contratación irregular con dos empresas del servicio de la revista municipal

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  • Ayuntamiento de La Zubia -

La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias contra el alcalde de La Zubia (Granada), Antonio Molina (Ganemos), por supuesta contratación irregular con dos empresas del servicio de la revista municipal.

La investigación se produce a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de La Zubia por unos hechos que el Ministerio Fiscal cree que podrían ser constitutivos de un delito de falsedad, según consta en un decreto fechado el 3 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press.

La denuncia se refiere a los dos contratos que la Junta de Gobierno Local de La Zubia aprobó el 29 de abril de 2016 con dos empresas distintas para el servicio de la revista municipal. El primero de ellos, por valor de más de 21.000 euros, cubría los servicios de comunicación y edición de la revista digital, que luego se ampliaron a agendas escolares y otros productos.

Afirman los denunciantes que "no existe contrato ni expediente administrativo de contratación ni informe jurídico", además de que el contrato tenía que finalizar en diciente y se emitió una factura en enero.

Alegan que el segundo contrato se llevo a cabo para diez números de la revista, con una tirada de 7.000 ejemplares cada una; sin que hasta la fecha se hayan cumplido los requisitos del mismo, mientras que el importe total superará el establecido para un contrato menor.

Aunque la intervención municipal alertó de esto último, además de que los contratos se habían hecho "sin fiscalización" y de que supuestamente no existe expediente administrativo de contratación, el alcalde presuntamente efectuó el pago.

La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer la veracidad de los hechos denunciados y entre otras diligencias ha solicitado que se requiera al secretario del Ayuntamiento para que emita un informe sobre estas contrataciones y su legalidad, aportando los expedientes de contratación si los hubiera y cualquier informe que haya salido desde la Intervención sobre las facturas emitidas y los reparos efectuados si existiesen.

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