La junta de gobierno local ha aprobado inicialmente el Plan Parcial de Cortijo Merino (SUNC-R-T.1), en donde se ubicaba la conocida como fábrica del amoniaco, promovido por la entidad Reina Marín S.L. y donde se establece la edición de 1.420 viviendas, de las que 639 tendrán algún tipo de régimen de protección social y las restantes serán de régimen libre.
En total, el plan parcial se extiende en una superficie de unos 260.000 metros cuadrados, con un uso global residencial cuya ordenación será abierta. El documento contempla un techo edificable de 130.000 metros cuadrados, de los que 11.450 irán destinados a uso comercial, previéndose la ubicación de una gran superficie comercial minorista.
Las viviendas serán de una altura de planta baja más cuatro y ático, y asigna el 70 por ciento del sector a equipamiento y zonas verdes. Esto supone que 32.423 metros cuadrados del plan parcial serán zona verde, según ha informado el concejal de Vivienda y Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, en rueda de prensa junto al portavoz del equipo de gobierno del PP, Carlos Conde.
En lo que se refiere a equipamientos, el plan parcial prevé un total de 31.317 metros cuadrados para este fin, distribuidos en 15.319 metros cuadrados para uso docente, deportivo y social, 2.840 metros cuadrados para uso docente y preescolar, 28.917 para uso social y 10.241 para deportivo. Asimismo, determina la existencia de 1.400 plazas de aparcamiento en red viaria.
Los propietarios de los suelos en los que se ha realizado una actividad potencialmente contaminante están obligados a presentar un informe de situación al solicitar una licencia de obras para los nuevos usos autorizados en el sector. Si según dicha información la Comunidad Autónoma declara el suelo como contaminado para dichos usos, los propietarios estarán obligados a ejecutar las actuaciones necesarias para proceder a su recuperación ambiental. Dejará de tener la condición de contaminado cuando sea firme la resolución administrativa que así lo declare, ha recalcado.
En su próxima tramitación, el plan parcial será remitido a las administraciones correspondientes para que emitan informe sobre las viviendas protegidas que contempla, la afección a la red de carreteras de Andalucía, en especial a la A-7054; el impacto en la salud, la incidencia territorial por la implantación de una gran superficie minorista, la protección arqueológica o la afección acústica.
Este plan será sometido al trámite de información pública y remitido también a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
ACUERDO PARA NO CORTAR LA LUZ A PERSONAS CON DIFICULTADES
La junta de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado también su adhesión al convenio de colaboración suscrito entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) e Iberdrola para la protección de aquellos clientes en Andalucía que se encuentren en situación de vulnerabilidad y no puedan hacer frente al recibo de electricidad.
Según el documento, el Ayuntamiento, a través del Área de Derechos Sociales, cuando detecte que una persona o familia se encuentra en situación de vulnerabilidad y con serias dificultades para el pago de sus facturas de electricidad determinará si se le puede conceder una prestación económica para poder satisfacer la deuda pendiente. Posteriormente lo comunicará Iberdrola. Desde el momento de recibir esta comunicación la compañía eléctrica se compromete a mantener el suministro de electricidad.
Iberdrola también se obliga a comunicar al Ayuntamiento la existencia de facturas pendientes de pago por parte de ciudadanos malagueños, para iniciar los trámites oportunos que eviten el corte del suministro eléctrico.
Por tanto, el Consistorio asumirá la deuda eléctrica de aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, de acuerdo con los criterios establecidos para concesión de este tipo de ayudas, "tal y como ha venido realizando en los últimos años".
El Área de Derechos Sociales destinó en el año 2016 un total de 308.365 euros en prestaciones económicas directas para atender las necesidades básicas de la ciudadanía relacionadas con el suministro de agua, luz y gas. A ello hay que sumar los 30.715 euros derivados del convenio suscrito con Endesa --de similares características al de Iberdrola-- y los 59.454 euros destinados a un convenio con Cruz Roja que también persigue evitar el corte de suministros. A todo ello hay que sumar los 50.000 euros que Emasa ha destinado a su Fondo Social.
REGISTRO DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS DEL AYUNTAMIENTO
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece una regulación pormenorizada de los convenios.
Así, ante la conveniencia de que las normas reguladoras del registro de convenios, manteniéndose en lo esencial, se adapten ahora a las previsiones de dicha Ley 40/2015 y la necesidad de arbitrar el mecanismo interno para la información a facilitar al Tribunal de Cuentas, la junta de gobierno local ha acordado modificar las vigentes normas de funcionamiento del Registro de Convenios y Protocolos del Ayuntamiento de Málaga.
Los entes pertenecientes al sector público institucional del Ayuntamiento de Málaga que aún no hubieren procedido a ello deberán crear su Registro de Convenios en el plazo máximo de un mes a contar desde ahora. El acuerdo de creación deberá contener sus normas de funcionamiento, tomando como referencia las normas de funcionamiento del Registro de Convenios y Protocolos del Ayuntamiento de Málaga a las que alude el acuerdo anterior.
Con independencia de su inserción en el Registro al que se refiere el acuerdo primero, dentro del mes siguiente a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, deberá remitirse electrónicamente a la Dirección General del Área de Gobierno de Economía con la documentación preceptiva, y deberán igualmente hacerse ante cualquier modificación, prorroga o variación de plazos y cualquier otra alteración de los compromisos económicos.
