El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga tiene previsto comenzar este martes el juicio a la presidenta de la protectora Parque Animal, ubicada en la localidad malagueña de Torremolinos, para la que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por el sacrificio "masivo" con "auténticas sesiones de exterminio" de casi 2.200 animales, a los que, supuestamente, suministraba menos producto eutanásico y de forma incorrecta, lo que les provocaba "una lenta y dolorosa agonía".
La vista oral se prolongará al menos hasta el jueves día 17. Inicialmente, el fiscal acusa a la que era responsable de este colectivo de los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, por los que también acusa a un empleado de la protectora, aunque a éste en calidad de cooperador necesario. Además, a la presidenta de la asociación la acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular.
En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación "de forma masiva e injustificada", haciendo "auténticas sesiones de exterminio" sobre animales normalmente sanos.
Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente, "sin que hubiese causa que justificase la muerte", salvo "la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados". Considera que la presidenta era la que "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente", con la colaboración "imprescindible" del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.
Estos "sacrificios masivos" se realizaban, según la calificación inicial, "sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos a los animales, sin tener los conocimientos precisos, suministrando dosis por debajo de lo indicado, pero suficiente para causar la muerte", con el objeto, "de ahorrar costes" y dedicar las instalaciones "con preferencia a los fines privados (de pago)".
Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos "de forma inexperta" y "sin sedación previa". "De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas", pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados.
"Para llevar a cabo estas exterminaciones programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del centro a alto volumen, conscientes los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano", dice el escrito de acusación fiscal.
Según la investigación, se calcula que de enero de 2009 a octubre de 2010 se habrían sacrificado unos 2.183 animales. Ambos acusados "carecían" en aquel momento la titulación necesaria. Además, la procesada, como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, era ella "quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba lo datos necesarios para sus fines".
FALSEDAD
Asimismo, según esta acusación, era esta acusada la que "bajo el nombre de supuestos veterinarios firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios". También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento "o alteraba su contenido en los extremos necesarios a sus intereses".
El fiscal pide que se le imponga a cada acusado un año de prisión por el delito continuado de maltrato animal, con la inhabilitación para profesión que tenga relación con los animales durante tres años; así como multa de 7.200 euros por el delito de intrusismo. Por el de falsedad documental se solicita que se imponga a la procesada tres años de prisión y multa de 7.200 euros.
