La asociación protectora de animales "El Refugio" cree que los gestores y veterinarios que atendían la perrera de Puerto Real (Cádiz), y que desde este miércoles son juzgados por maltrato de animales, llevaban a cabo "asesinatos" de los perros y gatos, en lugar de practicarles la eutanasia.
El abogado Marcos García Montes, que ejerce la acusación particular en este juicio en nombre de esta asociación, ha explicado que las imágenes sobre de esta perrera "hablan por sí solas" sobre un centro que ha llegado a comparar con un "Auschwitz".
Estos vídeos serán parte de las pruebas que se valorarán en el juicio que se ha iniciado en el juzgado penal número 4 de Cádiz contra el propietario, la directora y dos veterinarios de la perrera, que fue cerrada en el 2007 por la Guardia Civil a raíz de una denuncia de "El Refugio".
El fiscal pide un año de prisión para cada uno de los acusados porque, según expone en su escrito de conclusiones provisionales, para abaratar costes utilizó para practicarles la eutanasia un paralizante muscular (Mioflex) que les provocaba la muerte de forma "cruel y dolorosa".
En esa misma línea el abogado de "El Refugio", que eleva su petición de condena a un año y medio de prisión, ha explicado antes del inicio del juicio que esta sustancia causaba la muerte por "asfixia mecánica", con un "sufrimiento deliberado" para los animales.
Aunque el número de animales que murieron así no ha podido ser determinado, el fiscal señala que sólo en los primeros nueve meses del año 2007 fueron sacrificados con este medicamento 537 animales.
El abogado de El Refugio cree que hay que "terminar" con actitudes como las de los acusados "que se dedican a cobrar y a engañar a la gente, porque en vez de proteger a perros lo que hacen es matarlos".
Por su parte, el abogado defensor del dueño y la directora de la perrera, Felipe Meléndez, cree que en el juicio "lo que se está discutiendo es si era idóneo o no la forma de llevar a cabo por los veterinarios la eutanasia de los animales, que era una de las finalidades del centro".
El juicio se celebra sin uno de los dos veterinarios que trabajaban en la perrera en el momento de la denuncia, ya que no ha podido ser localizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este acusado, que es extranjero y tiene 79 años, declaró en su día que él utilizaba el paralizante muscular tras aplicar la eutanasia para que los animales quedaran "más blandos" tras morir y que sus cadáveres fueran así más manejables para introducirlos en la incineradora.
Este es, según El Refugio, el primer proceso penal contra una perrera por maltrato animal.
La residencia de animales, que se llamaba "Asociación para la protección de los animales El Refugio S.L.", fue también el primer establecimiento de este tipo cerrado en el país por el Seprona por maltrato animal.
En su escrito de conclusiones el fiscal acusa también a los procesados de buscar "un mayor margen de beneficios" sirviéndose de "una nula sensibilidad hacia el reino animal", para lo que metían a siete u ocho perros en jaulas que sólo tenían proporciones para un sólo animal o les dejaban desatendidos durante todos los fines de semana
