La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales ‘Ciudadanos por Jaén’ reclama con carácter urgente una reunión de todas las partes implicadas en el proceso de legalización de las viviendas en zonas inundables de Los Puentes para conocer el mapa de riesgos de inundaciones. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) lo ha publicado recientemente, pero no lo ha comunicado a los vecinos, que denuncian la espera y lentitud de un proceso ineludible para el proceso de legalización de las viviendas, una vez presentados los proyectos.
Vecinos de los Puentes de la Sierra, Jontoya, Nuevo, Pago de Juan Ramos, Fuente del Realejo y Pago de Pozuela llevan años esperando y siendo testigos de actuaciones que suponen “un agravio comparativo” entre residentes. Así lo denuncia el vocal de Los Puentes de ‘Ciudadanos por Jaén’, Ildefonso Ruiz Salcedo, al recordar que se ha intervenido en el Puente de la Sierra y Puente Jontoya (limpieza de ríos y escollera), mientras que no se ha hecho lo mismo en el resto de zonas afectadas.
Igualmente, denuncia que después de un año “no se están respondiendo a las alegaciones, cuando se contemplaba un plazo de seis meses para hacerlo” y que les están dando “la callada por respuesta”.
Con la presentación de las casi 200 alegaciones, los vecinos pedían que se procediera al deslinde del río Guadalbullón, que se realizara el proyecto de encauzamiento y que se limitara un nuevo dominio público hidráulico.
Ruiz reconoce que sólo los vecinos de Pago de Juan Ramos han presentado casi 90 proyectos para adaptar las viviendas a la normativa y lamenta la paralización del proceso en la Gerencia de Urbanismo, con el perjuicio que supone para el Ayuntamiento, que no está ingresando el pago de las tasas y del tanto por ciento del valor nominal de la vivienda. “Se está perjudicando a los propietarios de las casi cinco mil viviendas de Los Puentes y al propio Ayuntamiento, que está dejando de percibir ingresos”, reconoce.
Según se dijo en la última presentación del mapa de riesgos (en el año 2014), el documento permitirá regularizar viviendas hasta la línea de los 100 años de inundabilidad, es decir, que aquellas viviendas que en un plazo de 100 años no se hayan inundado podrán ser regularizadas (antes 500 años).
