No pararon de fumar en toda la mañana. De cajetilla, de liar con más o menos tino. Todas fumaban. Y hasta para fumar se excusaban: “Es que no nos queda otra, si ya dejamos de fumar... Dime, ¿qué nos queda?”. Inmaculada, Barbi, Mari Carmen, Rosa o Patri son los nombres de algunas de estas mujeres. Ellas forman parte del colectivo denominado víctimas de malos tratos.
Una calificación que asusta solo con escribirla pero que se convierte en el eslogan de partidos políticos, colectivos, organizaciones y administraciones. Todos nos ponemos detrás de la pancarta para reivindicar la no violencia de género, pero ¿qué hacemos realmente por las que sufren?, ¿actuamos? o simplemente ¿nos damos golpes de pecho cada vez que hay alguna mujer asesinada en el territorio nacional? o cuando llegan los días señaladitos en el calendario ¿nos dedicamos a conmemorar?.
Pero ellas no quieren actos reivindicativos, quieren que se les oiga, que uno se siente con ellas y escuche su situación, sus historias, llore con sus penas y demuestre que sus hijos y sus vidas sí son importantes.
Inmaculada solo podía quedarse unos minutos porque tenía un juicio que llevaba años esperando. Vive en una casa ocupa desde junio de 2015, tiene 38 años y un niño con parálisis. Se queja de que no tiene ayudas ni para el transporte de su hijo, que le permita mantener la rehabilitación con Adacca, ni tiene trabajo. Sólo cuenta con los 350 euros de la Ley de Dependencia por el niño, “pero sólo lo podemos usar con él”. Hace siete años que abandonó a su marido, y la lleva el equipo de familia de Asuntos Sociales. En el mes de marzo consiguió una vivienda pero ni tiene muebles ni manera de transportar los que tiene en la casa ocupa.
Ella es una de las que el mes pasado acudieron al Pleno para pedir la ayuda del alcalde de Cádiz, José María González, cabeza de lista de Por Cádiz Sí Se Puede, del que esperaban que se convirtiera “en nuestra voz, que fuera con nosotros a reivindicar que estamos solas, que no recibimos ayuda de ninguna administración y que de alguna manera tenemos que dar de comer a nuestros hijos”.
Ahora están buscando de alguna manera que se les conceda un bono de alimentos para su familia.
Rosa vive con sus hijos y con su madre, que es minusválida. A Rosa estuvieron a punto de desahuciarla hace unos meses, pero al final, todo pudo solucionarse a tiempo. Rosa dice que está entre los primeros 20 puestos del Registro Municipal de Vivienda (por el que se rige la entrega de viviendas públicas en Cádiz capital).
En octubre se le termina el alquiler de la casa donde reside y de donde casi la desahucian hace unas semanas. Desde el Ayuntamiento le dicen que a partir de ahora todo será más fácil a través de la ordenanza que está en proceso de aprobación para desarrollar el Alquiler Justo. No obstante, ella teme que no de tiempo a que esta medida municipal se ponga en marcha y que acaben echándola a la calle sin ninguna alternativa habitacional.
El marido de Rosa está en búsqueda y captura por las denuncias que ha presentado, pero aún no ha habido juicio, “aunque hay una orden de alejamiento en vigor”. Volvió de Tenerife a Cádiz custodiada por la Guardia Civil, para evitar cualquier mal mayor.
Son conscientes de que la situación está mal porque la viven en primera persona. Hay veces en las que cuando el dinero para comer falta tiran de la partida destinada al alquiler de la vivienda, porque “no puedo dejar a mi hijo sin comer”. Con la mirada ida recuerdan cómo hay momentos muy tristes cuando “tu hijo se va de excursión y no tienes para darle ni un bocadillo”. En muchas ocasiones viven de la caridad del vecino, del gaditano que con buena fe le da de lo que tiene. Y en eso las administraciones no entran. La frialdad de los procedimientos administrativos a la hora de otorgar ayudas no permite que estas mujeres y familias que están en situaciones similares puedan hacer frente a una vida de manera digna.
La realidad está tan distante de la burocracia... Y ellas confiaban en que con los ayuntamientos del cambio las cosas se transformaran... Y por el momento se han encontrado “al mismo perro con distinto collar”.
Están a la espera de obtener respuestas a sus demandas, de que el Ayuntamiento de Cádiz o la Junta les escuche, de que les den soluciones... Simplemente, que “nos ayuden”.
En este grupo también está Mari Carmen con tres hijos y sin trabajo. Ha sido víctima de violencia de género en dos ocasiones tanto por malos tratos físicos como psicológicos. La primera vez tenía 18 años. Ahora lo que quiere es trabajar y que desde la Administración local no la hagan sentirse como un bicho raro, porque “sin justificación alguna no me dejan acceder a los servicios sociales municipales”.
Otra de ellas es Patri, es de Sevilla y ha vivido en puntos muy distintos de la geografía andaluza desde que se decretara la máxima orden de alejamiento de su ex pareja: 700 metros. Pero no sólo de ella y de sus hijos, sino también de sus padres. Patri no es una madre feliz. Tiene a su hijo mayor viviendo fuera de Cádiz porque aquí “estoy viviendo en una habitación con mis otros dos hijos”. Una habitación que es como un cuarto oscuro, sin ventilación, donde no cabe ni una persona más. Hacinados, cuando “yo creo que tenemos que estar amparados por unos derechos”, pero a día de hoy ese deseo no se cumple.
Ha tenido que hacer frente a que su ex pareja quisiera llevarse a su hijo menor. Esta mujer ha sido operada de un cáncer. Una enfermedad que cree que le llegó de la mano de la situación de malos tratos que le ha tocado vivir.
Ha vivido en casas de acogida, donde denuncia la situaciones irregulares que ha padecido y donde se ha percatado del “manejo de material que existe entorno a estos centros”. Llegó a la casa de acogida con lo puesto y en ella permaneció nueve meses. El primer día que llegó a una de ellas, uno de sus hijos fue agredido por los vecinos de la zona después de que le tiraran una rueda contra toda su cara. “Era como una cárcel en un barrio marginal”, asegura esta madre, que tiene estudios de Enfermería, ha trabajado en el departamento de Cosmética de unos grandes almacenes y domina dos idiomas.
También ha pasado seis meses sin comer “cuando yo tenía trabajo y casa en Sevilla”. Incluso llegó a abandonar una de estas casas de acogida y volvió con su marido, que tiene diagnosticada “bipolaridad, esquizofrenia y transtorno de la personalidad”, todo ello motivado por las drogas. Una mujer fuerte y luchadora, que va a la farmacia a pedir muestras de los tratamientos que tiene que seguir ella y sus hijos porque no tienen dinero para pagarlos. Sus compañeras han llorado en casa de Patri porque “tiene que comer junto a las aguas fecales procedentes de sus vecinos”.
Son condiciones de vida indignantes que no se merece ni el peor de los seres humanos. Y encima viven con miedo, con temores por la seguridad de sus hijos, porque no quieren convertirse en un titular de un periódico, porque se merecen tener una vida como la de cualquier otra persona.
Agresiones de su hermana y su cuñado
La historia de Barbi hiela la sangre, hiela el corazón y es digna de no ser reeditada en ninguna otra persona.
Barbi es de Cádiz, tiene un hijo y 29 años. Ella vivía en el Cerro del Moro donde residía con su madre, su hermana y su cuñado. Barbi aún se pone nerviosa al contar su historia. Tras tener que abandonar su casa, estuvo en una pensión, después en la clínica San Rafael y ahora está en una vivienda de alquiler.
Esta joven agradece el apoyo recibido por Amigas al Sur, que son “quienes me salvaron de que pudiera ocurrir algo peor”, así como agradeció el papel que han jugado sus amigas en su vida.
Tiene un niño hiperactivo con problemas alimenticios, ha estado un mes sin agua, cargando botellas desde la plaza de Candelaria. “Llevo un año sin ver dinero en mis manos, por eso hizo uso del dinero del alquiler para poder pagar el agua, la comida, el bonobús de su hijo para ir al colegio”. No tiene ningún tipo de ayuda familiar, aunque es usuaria de los servicios sociales del Ayuntamiento.
La madre de esta joven falleció y durante sus últimos años de vida sufrió una situación de abandono constante por parte de su hermana, según denuncia la joven. “La dejaban todo el día sentada en un banco de la plazoleta y como si se moría”. Esta mujer tiene una depresión desde que murió su madre y ha sufrido dos intentos de agresión por parte de su hermana y su cuñado.
Un cuñado que le decía que “me acostara con ellos, y me obligaba a hacerlo”. Unos familiares que aprovecharon que estaba dormida para cortarle el pelo. Una mujer que ha tenido que soportar los malos tratos y ver cómo su hijo los presenciaba.
Una joven que pide ayuda, que no sabe ya a quién acudir, que necesita que alguien le dé la mano y la deje vivir con tranquilidad y sin miedos.
