El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, recuerda a la alcaldesa de Jerez de la Frontera que “la ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones es de competencia municipal”.
Corresponde a la autoridad municipal valorar y vigilar la correcta utilización de aparatos de megafonía u otros instrumentos sonoros. Será esa autoridad municipal la que deberá exigir, a quienes los utilicen, la observancia de las prohibiciones y limitaciones , en su caso, establecidas en las Ordenanzas municipales reguladoras de los ruidos y contaminación acústica.”.
De Torre indica que “parece que a la alcaldesa no le gustan ni el tono, ni el volumen ni el contenido de las manifestaciones de los empleados municipales. Con posturas como la que la alcaldesa mantiene sobre el tema da la impresión de que solo pretende coaccionar a los trabajadores, que ejercen su derecho constitucional a manifestarse”.
El subdelegado manifiesta su sorpresa porque la regidora jerezana pretenda prohibir el derecho a manifestarse por parte de los trabajadores, derecho que viene recogido en la Constitución, “pero parece que a ella no le merece mucho respeto que los trabajadores alcen su voz y parece más partidaria de limitarlos”.
La Subdelegación aún no ha recibido el escrito del gobierno municipal jerezano en el que, invocando doctrina del Tribunal Constitucional, insta a la Subdelegación a que condicione las manifestaciones de los trabajadores a normas sobre contaminación acústica y las de manejo de petardos. “Cuando obre en nuestro poder se estudiará y se dará contestación al Consistorio”, asegura el subdelegado.
De Torre indica que el uso de artefactos pirotécnicos no tiene que ver con el derecho de reunión. “En el caso de una incorrecta utilización de los mismos, se deberá proceder a identificar al responsable de su uso o lanzamiento y proponerle para una sanción administrativa en base a la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana”.
Continúa De Torre recordando a la alcaldesa que la labor de la Subdelegación del Gobierno no es la de prohibir manifestaciones, “el manifestante comunica que se va a celebrar una manifestación o concentración, y a partir de ahí sólo cabe la prohibición o modificación en los casos legalmente previstos”.
La Subdelegación en ningún caso ha prohibido una manifestación por ruido, ya que esa posibilidad no se contempla en la normativa. El uso de megafonía o instrumentos para hacer públicas las reivindicaciones y hacerlas llegar al mayor número de destinatarios es inherente al derecho de reunión.
En cuanto al número de jornadas de concentraciones convocadas, la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio contempla la posibilidad de que se convoquen y celebren concentraciones por hasta 30 días seguidos, lo que ha ocurrido en bastantes ocasiones, tanto en municipios de la provincia de Cádiz como en otras provincias.
En el año 2012 Jerez de la Frontera se comunicaron un total de 215 manifestaciones; en 2013 fueron 323; 225 en 2014 y 437 en 2015, lo que arroja un global de 1.200. Prácticamente una por cada día hábil.
Destaca De Torre que la Subdelegación actúa con el mismo criterio en todos los municipios de la provincia, y ese criterio no es otro que “actuar respetando las leyes pero, a la vista de la posición de la alcaldesa de Jerez, su actitud denota una falta de respeto a los derechos de los trabajadores”.
