La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado actuaciones de inspección para determinar si el nuevo sistema de videovigilancia instalado, a principios de año, en la zona de oficinas de la Prisión Provincial de Huelva contraviene el derecho fundamental de captación y grabación de imágenes personales.
El inicio de las actuaciones es consecuencia de la denuncia presentada ante dicha agencia por el sindicato Acaip (Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), ya que la instalación se produjo "sin previa información a los trabajadores y/o sus representantes".
Ahora, según ha informado Acaip en un comunicado, la Agencia de Protección de Datos, con sede en Madrid, les ha transmitido que "en la actualidad está realizando actuaciones de Inspección" al objeto de "determinar con la mayor precisión posible, si los hechos pudieran justificar, en su caso, la incoación de un procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas".
Desde el sindicato se ha recordado que "los funcionarios no podrán ser grabados en vídeo en su puesto de trabajo", ya que no será de aplicación para los empleados públicos la Sentencia del Tribunal Constitucional que avala el uso de cámaras sin consentimiento en una empresa privada para comprobar malas prácticas".
La Agencia de Protección de Datos les ha precisado que debe asegurarse que las acciones dirigidas a la seguridad y vigilancia en los Centros de trabajo no contravengan el derecho fundamental de captación y grabación de imágenes personales, evitando que permita, por ejemplo, la identificación del sujeto.
La Ley Orgánica de Protección de Datos prohíbe dicha toma de imágenes, si no media el consentimiento del afectado.
Dada la controversia creada por la instalación del sistema de videovigilancia en zonas de oficinas, donde "teóricamente" tan sólo tienen acceso funcionarios de la institución penitenciaria, y el plazo legal tan amplio marcado para el desarrollo de las actuaciones de la Inspección, el Sindicato ACAIP ha solicitado formalmente a este organismo la suspensión cautelar de dicho sistema de videovigilancia, por el riesgo de vulneración de derechos individuales de especial protección, reconocidos en el Título I de la Constitución.
Acaip ha manifestado "la voluntad de diálogo y colaboración con los problemas del centro" y su aportación para la mejora de la situación presente, "con una actual gestión que adolece de falta de consenso, opacidad e ineficacia".
