El delegado municipal de Educación, Joaquín Páez, ha dado a conocer ante los medios de comunicación una sentencia de absentismo escolar que condena a una familia por 'abandono de familia', que implica que tanto el padre como la madre deberán pagar cinco euros al día durante seis meses, como multa por dicho abandono. “Esta sentencia lo que demuestra es que se hace una labor ejemplar en este sentido, gracias al trabajo cotidiano de los técnico de Educación, así como de los profesionales de la Policía Local, que realizan una labor excelente con los centros escolares e institutos de la ciudad”, ha destacado el edil.
Y es que tanto la Delegación de Educación como la Policía forman parte del Plan de Absentismo del municipio, que también incluye convenios de colaboración con centros médicos y una excelente colaboración y apoyo de los colegios e institutos del municipio. “Hay un buen Plan de Absentismo, que da un estupendo resultado. Esta sentencia sólo es una desgraciada anécdota, que queremos poner de manifiesto para resaltar, precisamente, que la concienciación familiar en ese sentido hacen que estas sentencias sea casi inexistentes, gracias a la gran labor que se hace”, ha resaltado el delegado municipal de Educación.
Como datos a tener en cuenta, en el curso pasado, el 2014-2015, sólo hubo dos casos de atestados instruidos, mientras que en el 2013-2014 hubo siete, siendo trece el total se condenas que se han producido desde la creación de este protocolo de actuación. “Esto indica que se va disminuyendo progresivamente. Además, el porcentaje de niños absentistas es muy pequeño, gracias a que contamos con un muy buen protocolo de absentismo”, ha señalado el edil, que ha explicado que dicho protocolo consiste en la derivación por parte de los colegios e institutos a la Delegación de Educación de estos casos de absentismo, ya que son los centros los que observan y evalúan si las faltas de los alumnos deben ser consideradas alarmantes o no. En el momento que el centro detecta que estas faltas no están justificadas, los centros derivan a esos alumnos a la Delegación de Educación, que inmediatamente se pone en contacto con las familias y con los Servicios Sociales, por si previamente este niño ha tenido otro tipo de derivación.
Una vez en contacto con las familias, el objetivo es hacerlas entender que la posición con respecto a su hijo no es la adecuada, sobre todo a la hora de garantizar su educación, y se sigue observando a esta familia. Si tras esta primera toma de contacto y posterior seguimiento, no se aprecia un cambio de conducta, se procede a la primera intervención de la Policía Local, que se suele realizar en la Jefatura de la Policía Local con los padres. Si el alumno cursa Secundaria, también estará presente en este encuentro. El objetivo es intentar reconducir la situación, produciéndose un nuevo seguimiento. Si no se aprecia un cambio, se realiza una nueva intervención de la Policía Local, acompañada esta vez de un informe de la Delegación de Educación, tras la que se pone en conocimiento de Fiscalía esta situación.
A partir de ahí, es Fiscalía de Menores la que lleva a cabo o no una denuncia, atendiendo a las circunstancias que el equipo de fiscales entiendan. “Este proceso asegura que en Chiclana se hace todo lo posible para que sentencias como ésta que hoy damos a conocer no ocurran. Queremos que estos expedientes no lleguen a Fiscalía y trabajamos para ello”, ha puesto de manifiesto el Páez.
En este caso concreto, se trataba de una niña de nueve años, cuya primera derivación se produjo en 2006. En febrero 2009, tuvo la primera intervención de técnicos de Educación y Policía Local y en marzo se detecta un nuevo caso de absentismo, esta vez, en la hermana pequeña. “Este segundo caso se da en una menor de cuatro años y, aunque la educación obligatoria es a partir de los seis años, en la Delegación de Educación tenemos un protocolo para prevenir el absentismo. Así, una vez que las familias optan por matricular a sus hijos e hijas en una escuela infantil, nosotros nos ocupamos de que la asistencia sea regular”, ha explicado el edil.
Así pues, en marzo se informó a la Policía Local y en junio de ese 2009 la situación cambia y la familia se toma en serio la educación de sus hijas. Este cambio hace que la familia y la alumna reciban una carta y se mantenga una reunión de refuerzo positivo, en los que se le felicita por al cambio de actitud. No obstante, en noviembre de ese mismo año, la situación vuelve atrás y eso provoca la segunda visita de la Policía y hace que se lleve el caso a Fiscalía y la denuncia correspondiente de este último organismo. En 2010, los técnicos de la Delegación de Educación son requeridos como testigos por el juez y en 2015 aparece la sentencia, que le ha sido comunicada a la Delegación de Educación hace pocos días. “Lo que pretendemos haciendo pública esta sentencia es garantizar el derecho a la educación de los menores y, además, dar a conocer la implicación de la gente y de las diferentes entidades que colaboran en este Plan de Absentismo”, ha finalizado Páez.
