El pleno ordinario de enero de la Diputación de Sevilla, celebrado este jueves, ha estado marcado por el levantamiento provisional de la suspensión acordada sobre el premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, acuerdos laborales todos ellos censurados por un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Recordemos que la suspensión del premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, recogidos en el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo de la institución provincial, deriva de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2012 de determinadas áreas de la Diputación.
Según dicho informe, tales aspectos "conculcan la normativa vigente", aviso que desencadenó pronunciamientos de la Intervención y la Secretaría General de la Diputación en el sentido de no avalar las nóminas de enero de no ser corregido tal extremo, según defendía el Gobierno provincial socialista a la hora de suspender el pasado mes de diciembre los citados acuerdos laborales para no incurrir en "prevaricación". Además, se acordó conformar una comisión técnica destinada a corregir las incidencias en cuestión, que abarcaban además las materias de subvenciones o transferencias, entre otras.
Ante dicha medida, las fuerzas sindicales ya celebraron una fuerte protesta el pleno ordinario de diciembre, denunciando además ante la Fiscalía por presunta prevaricación, falsedad documental, amenazas y coacciones al presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE); el director general del Área del Empleado Público, Francisco Joya, el secretario general y el interventor de la Diputación, junto a todos aquellos diputados socialistas que apoyaron en el pleno la suspensión de los citados acuerdos laborales.
Ya este jueves, el pleno ha comenzado marcado por una intensa ofensiva de los sindicatos, que han movilizado a la plantilla con una concentración a las puertas de Diputación, otra concentración en el patio del edificio y un nutrido grupo de empleados abarrotando el propio salón de plenos con letreros reivindicativos. Excepto en el interior del salón de plenos, los trabajadores han tocado bocinas, sirenas, tambores e incluso un claxon, de tal modo que han eclipsado la sesión plenaria y la propia jornada de la institución.
"TROPELÍA A LA PLANTILLA"
Manuel Barros, uno de los portavoces sindicales de la plantilla, representada por UGT, CCOO, USO, Ustea y SAT/SAB, explicaba al respecto que este conflicto deriva de "la mayor tropelía que se ha hecho sobre la plantilla en toda la historia de la Diputación", criticando que el Gobierno provincial socialista haya "aplicado un descuelgue del convenio colectivo sin negociación previa". "Son conceptos retributivos que teníamos. Han tocado nuestra dignidad", lamentaba Barros, quien exponía que los sindicatos habían formulado un "recurso de reposición" solicitando la "anulación de pleno derecho" de la suspensión de los citados acuerdos laborales o "como poco" la paralización "eventual" de la medida para "sentarnos a negociar" cómo solucionar la situación.
En paralelo, IU-CA y Participa Sevilla promovían una moción conjunta demandando la adopción de las medidas "cautelares" que solicitaban los sindicatos para emprender una negociación al objeto de solucionar el conflicto. El Grupo socialista, que goza de mayoría absoluta, ha aceptado apoyar esta moción, aunque con una enmienda gracias a la cual el pleno, por unanimidad, ha acordado levantar la suspensión de los mencionados acuerdos laborales "hasta el 31 de marzo", fecha límite, por cierto, del trabajo de la comisión técnica que debe corregir los aspectos censurados por la Cámara de Cuentas.
El acuerdo alcanzado, en ese sentido, determina que si al expirar dicho plazo no media acuerdo entre la Diputación y los sindicatos sobre el destino de tales premios laborales, los mismos "quedarán suspendidos (de nuevo) sin más trámite", implicando el acuerdo la retirada de la denuncia ante la Fiscalía y el recurso de reposición promovidos por los sindicatos.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Aunque todas las fuerzas políticas han votado a favor de esta solución provincial al conflicto, Julián Moreno, de Participa, ha lamentado la "miopía política" del PSOE al no haber afrontado de este modo el conflicto desde el primer momento, mientras Engracia Rivera, de IU-CA, ha pedido que durante el periodo acordado "se alcance un acuerdo". La popular Virginia Pérez, de su lado, ha criticado la "inseguridad jurídica" derivada de los aspectos denunciados por los sindicatos ante la Fiscalía, es decir "la ausencia de negociación y que haya un acta de una reunión sin que eso corresponda a ninguna realidad".
El diputado de Empleado Público, Mario Martínez, ha defendido que la institución ha actuado siempre según los dictámenes del secretario general y el interventor, asegurando que el acuerdo logrado para "desbloquear" provisionalmente el conflicto ofrece "garantías jurídicas". Justo antes de acabar el debate, toda la tensión acumulada ha estallado cuando un empleado, dentro del salón de plenos, ha gritado insultando al presidente, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), quien le ha replicado en términos similares, muy crispado, después de que este trabajador hiciese caso omiso de su llamamiento al silencio, siendo finalmente expulsado este empleado del salón de plenos.
