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Miércoles 26/06/2024  

San Fernando

Hasta tres veces ha anunciado ya la Junta el traslado del armario

3R quiere que el Defensor del Pueblo Europeo intervenga en la fiscalización de proyecto del tren tranvía, ya que 200 millones han llegado de Bruselas.

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Hasta en tres ocasiones, según la formación 3R, ha anunciado la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía el traslado sitio del armario técnico instalado en la Compañía de María para el futuro tren tranvía.

Así, el portavoz de dicha formación política, Juan José Fornell, la primera vez fue el pasado mes de mayo, la segunda el pasado 15 de septiembre y la tercera precisamente en la jornada de este jueves. “Tres pronunciamientos sobre la retirada de la armatoste y ahí sigue”.

Por otro lado, Fornell ha informado de las acciones que desde su formación se están llevando a cabo en distintas instancias con respecto al proyecto del tren tranvía. Así, el pasado mes de diciembre instaron al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a que abriese un procedimiento excepcional en base al artículo 24 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz para que ponga en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en base a las sentencias contradictorias existentes contra las obras.

Además, desde 3R se va a solicitar al Defensor del Pueblo Europeo a que intervenga para fiscalizar el proyecto, puesto que de los 240 millones de euros que ha costado hay 200 que provienen precisamente de Bruselas.

Por último, la formación política isleña ha solicitado la Apertura de Diligencias Previas al fiscal del TSJA para que se puedan depurar posibles responsabilidades penales a nivel patrimonial por la colocación de los armarios de la calle Real en determinadas zonas.

Juan José Fornell también ha aprovechado la comparecencia de prensa ante los medios para criticar la actitud del antiguo alcalde isleño, José Loaiza, con respecto a lo que está sucediendo. “No puede venir a pedir ahora lo que no hizo cuando fue alcalde. Sólo recordarle que no hizo nada cuando sabía que la obra la estaba ejecutando una empresa que carecía de la licencia de contratista del Estado. Eso por no hablar de las 600 firmas que se recogieron por parte de la AMPA de la Compañía de María contra el armario y que no sabemos qué ha sido de ellas, al igual que las 10.000 que recogió el PP contra el tren tranvía”.

Por su parte, la responsable del área jurídica de 3R, Carmen Ortiz, ha señalado que “vamos a seguir trabajando con todos los recursos que ponga a nuestro alcance el estado de derecho. Llegaremos hasta donde la ley nos permita llegar”.

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