La Asociación de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Participa Sevilla han denunciado hoy la "represión" a los movimientos sociales por parte de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y han anunciado una campaña en la que piden a las instituciones romper relaciones con el Banco de Santander.
La concejala de Participa Sevilla en el Ayuntamiento de la capital andaluza Cristina Honorato y miembros de la PAH han rechazado en estos términos las actuaciones llevadas a cabo el miércoles por la Policía Nacional, que detuvo a la edil y a otras trece personas, tras encerrarse en una sucursal del Banco de Santander para protestar contra los desahucios.
Tanto la plataforma como la concejal han calificado de "pacífica" la ocupación llevada a cabo en la entidad bancaria y han censurado la "excesiva" actuación policial, de la que han responsabilizado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.
Cristina Honorato, la concejal de Participa, ha denunciado que resulta "inaudito que se castigue a los que luchan por el derecho a la vivienda y estén impunes los corruptos, los que estafan, roban y engañan a los ciudadanos".
"Los hechos ocurrido nos dan más fuerza para seguir adelante en la lucha por el derecho a la vivienda y en favor de la dación en pago para acabar con el sufrimiento de miles de familias, frente a los banqueros y los políticos que los apoyan", ha indicado.
Arturo Comas, miembro de la PAH de Coria del Río (Sevilla), ha relatado que la ocupación de la oficina bancaria fue "pacífica hasta que llegó un comando de la policía que nos esposó y trasladó" a la comisaria.
A los detenidos se les imputan delitos de coacciones, amenazas, hostigamiento, desobediencia y desorden público, acusaciones que han desmentido los afectados y que estudian recurrir.
"El trato policial fue bastante inhumano, con un despliegue desproporcionado, y las acusaciones son surrealistas. Nos trataron como si fuéramos terroristas", ha lamentado Arturo Comas, que ha achacado la actuación a la denominada ley "mordaza que permite la represión" a las organizaciones sociales.
La ocupación del banco pretendía exigir soluciones a los desahucios a tres familias compuestas por personas mayores, una de ellas enferma, otra de 77 años que puede perder su vivienda por avalar a su hija y una tercera "estafada" al hipotecarle "indebidamente" su vivienda, según la PAH.
Participa y la PAH pondrán en marcha una campaña para pedir en los ayuntamientos y parlamentos declarar al Banco de Santander entidad financiera "non grata", así como exigir la retirada de los fondos públicos y la regulación por ley de la dación en pago.
