Fernando Areal, extesorero del PP balear y cuñado del expresidente del Govern Jaume Matas, se ha declarado culpable de un delito electoral al haber pagado hasta 71.958 euros en negro, en la sede del partido, a la agencia de publicidad Nimbus por organizar parte de la campaña electoral de la formación en 2007. Ha reconocido, por tanto, que el partido fue financiado de forma ilegal.
El acusado, quien hasta el momento siempre había negado el manejo de dinero en 'B', ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que reclamaba inicialmente tres años de prisión, y ha sido condenado a una pena de año y medio de cárcel y una multa de 15.000 euros. El titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Palma, Eduardo Calderón, ha acordado sin embargo suspender la ejecución de la pena de prisión, siempre que no delinca durante un periodo de dos años.
Mediante este pacto, Areal ha confesado haber abonado los casi 72.000 euros en metálico sin que éstos tuvieran reflejo en la contabilidad del partido, al haber superado los límites legales establecidos para los gastos electorales. Los hechos se enmarcan en la pieza 4 del caso Palma Arena, instruido por el juez José Castro.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Baleares dictó un auto el pasado mes de junio en el que avalaba la existencia de pagos en 'B' por parte del PP balear a los organizadores de sus campañas electorales de 2003 y 2007, con Matas como candidato a la presidencia del Govern, que no quedaron reflejados en la contabilidad oficial del partido.
En su resolución judicial, el tribunal consideraba "verosímil" la confesión efectuada en su día por el administrador de la empresa de publicidad Nimbus, Miquel Romero -para quien fue archivada la causa-, quien detalló cómo el PP, al detectar que se habían superado los límites de gasto, le pagó en negro 71.958 euros.
El tribunal recordaba además cómo en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña electoral, "avalarían la realidad de tales pagos en negro" al hacer mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.
"No pudiendo olvidar que la entidad Nimbus podría haber operado de igual modo con ocasión de las elecciones del año 2003", abundaba la Audiencia, si bien, precisaba, en este caso los hechos estarían prescritos.
Cabe señalar que entre las obligaciones que la Ley de Régimen Electoral General impone respecto a los fondos destinados a la campaña electoral destaca el establecimiento de límites a la cuantía que los partidos políticos pueden destinar a los mismos en atención al origen público de dichos fondos.
CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS
En concreto, Areal contrató a Nimbus para que se encargase de la creación y diseño de anuncios y la gestión de la contratación de espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación, trabajos por los que la agencia emitió contra el PP cinco facturas por un importe global de 249.872 euros, que fueron -salvo la última- remitidas a la Sindicatura de Comptes de Balears y al Tribunal de Cuentas de cara a su fiscalización.
Al margen de los anteriores servicios, Nimbus, durante los meses de abril y mayo de 2007 y por encargo de Areal, que actuaba en representación del PP, desarrolló numerosas tareas de creatividad y promoción de los mensajes electorales del partido, que generaron unos costes oficiales de 62.572 euros que, junto al margen de beneficio bruto del 15 por ciento, suponían un total de 71.958 euros.
Unos fondos que Areal, tal y como ha confesado, decidió abonar en negro al haber superado el PP los límites legales fijados para gastos electorales, de modo que la cantidad fue entregada a Romero mediante diversas entregas de dinero en efectivo.
Es más, las entregas de fondos opacos fueron realizadas en la sede del PP balear, sin que se haya podido determinar la procedencia de los 71.958 euros. Areal ha admitido haber alterado así las cuentas del PP, falseando las mismas al omitir reflejar en la contabilidad las aportaciones realizadas en negro.
El partido fue de esta forma beneficiario directo de estos hechos delictivos por cuanto Areal actuaba en su calidad de administrador general de la candidatura del partido, destinatario directo de la propaganda electoral.
OTRAS CAUSAS EN LAS QUE SE INVESTIGA AL EXTESORERO DEL PP
Entre las causas en las que también se investiga a Areal se encuentra el caso Son Espases, en el que se encuentra imputado por haber mediado en el presunto cobro de comisiones por parte de las principales empresas que concurrieron al proceso de adjudicación de las obras del hospital.
El juez busca esclarecer si el PP o el propio Matas exigieron comisiones a cambio de la concesión de las obras tanto a OHL, cuyo presidente, Juan Miguel Villar Mir, también está encausado, o a la UTE liderada por Dragados -empresa filial de ACS, de la que es presidente Florentino Pérez-.
Asimismo, el extesorero está imputado en el caso Over Marketing, considerada la ramificación balear del caso Gürtel, en el que el administrador de la anterior agencia de publicidad -encargada de diseñar parte de la campaña electoral del PP balear en 2007-, Daniel Mercado, explicó cómo Areal era quien establecía en el partido los pagos en dinero A y B.
Tal y como señaló en su día ante el juez Castro, el empresario pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco, y en este contexto explicó que "el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones".
"¿DINERO NEGRO? ¿QUÉ ES ESO?"
Precisamente, tras declarar en su día en relación a estas afirmaciones, Areal abandonó las dependencias judiciales preguntándose ante los medios: "¿Dinero negro? ¿Qué es eso?", negando por tanto haber cobrado dinero en B y acusando a Mercado de mentir.
Del mismo modo, Areal fue interrogado como encausado en relación a la reforma presuntamente irregular de la sede del PP, que según los investigadores fue sufragada con los fondos aportados por empresarios a cambio de adjudicaciones públicas.
Castro cuenta con la declaración que efectuó en su día el constructor Juan Serra en la pieza principal del caso Palma Arena, en la que reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó: hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través del propio Areal.
