El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha retirado la imputación al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por sus tuits sobre Irene Villa, después de que ésta le haya exculpado en un escrito presentado en el juzgado.
Pedraz le llamó a declarar como imputado para el próximo 7 de julio a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ese mismo día había citado a Irene Villa como testigo.
Sin embargo, ésta optó por enviar una carta al juzgado el 30 de junio para evitar su comparecencia, señalando que los comentarios de Zapata sobre ella en sus tuits no han afectado a su persona ni le han causado humillación, sino que lo considera chistes de humor negro y pedía que se la eximiera de comparecer por encontrarse ese día fuera de Madrid y estar de baja por maternidad (con lo que esa declaración "le afectaría a su situación anímica y el estado de lactancia")
En esa misiva, Irene Villa explica que ha "convivido desde el atentado terrorista con este tipo de humor negro, que he entendido desde mi infancia como una expresión sátira de un grave hecho acaecido, siempre como una expresión de la gran gravedad de los hechos en los que, sin quererlo, me vi implicada y no como una falta de respeto o humillación a mi persona".
Ante esta exculpación, Pedraz ha dictado hoy un auto archivando la querella presentada por estos hechos por la asociación Dignidad y Justicia contra Guillermo Zapata, al entender que la conducta imputada al concejal del ayuntamiento de Madrid es "de todo imposible incardinarla en precepto penal alguno".
El juez entiende por tanto que no ha existido reproche penal tras analizar los requisitos del delito de humillación a las víctimas (que exigen un animo directo de desprestigiar o rebajar su dignidad) de las víctimas.
A su juicio, y a la luz del artículo 578 del Código Penal, los tuits de Zapata no serían constitutivos de una conducta "especialmente perversa ni se da el dolo específico, ni además se ha humillado a la víctima, como así afirma Doña Irene Villa".
El juez encuadra ese tuit, como lo calificó la propia testigo, como chiste de "humor negro", cuyo animo es muy distinto al de desprestigiar o rebajar la dignidad de las víctimas.
Pedraz reconoce que este tipo de humor puede causar perplejidad o indignación en un amplio sector social, sobre todo en aquel a quien ha afectado el terrorismo, "y como en el caso de la asociación Dignidad y Justicia que defiende intereses legítimos de víctimas del terrorismo", pero el legislador no ha contemplado que estos comentarios merezcan reproche penal.
En este sentido observa que actualmente en Internet hay miles de chistes idénticos o parecidos desde hace bastante tiempo, sin que conste antecedente alguno de que la Audiencia Nacional haya incoado una causa "y desde luego lo que no puede hacerse es perseguir solo a determinadas personas y no a otras (derecho penal del enemigo) como parece acontecer en este caso", en el que se puntualiza en la querella que Zapata "es concejal del Ayuntamiento de Madrid".
De perseguir esta conducta en concreto, "habría que hacerlo respecto de todos los que han publicado 'chistes' similares en las redes sociales e Internet y se entraría en una "pendiente resbaladiza", ya que habría que proceder a la búsqueda intensiva en las redes, "para a continuación abrirse las respectivas causas (miles) para cada uno de los autores"
Esto llevaría, prosigue el juez, a que cualquier persona o colectivo pudiera denunciar chistes de humor negro sobre determinadas materias que les pueda afectar y que han visto en las redes sociales.
Una dinámica, añade, que entraría en colisión con la libertad de expresión, con el principio de intervención mínima y que provocaría un derecho penal del enemigo, "desde luego una amenaza para los principios y garantías del Estado de Derecho", argumenta Pedraz.
El juez llamó a declarar a Zapata después de que la fiscal Blanca Rodríguez pidiera su imputación por considerar que sus tuits generaron "descrédito, menosprecio, humillación" a las víctimas del terrorismo.
Concretamente a la víctima de ETA Irene Villa por un tuit que publicó el 31 de enero de 2011 en el que decía: "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos".
Para la fiscal, este comentario era constitutivo de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, penado con hasta dos años de cárcel, por ser "objetivamente vejatorio y humillante para la destinataria víctima del terrorismo, en particular, y en general para todas las víctimas que de una forma u otra lo han sido del terrorismo de la organización terrorista ETA".
