La Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la imputación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; de la secretaria general del Partido Popular (PP), Maria Dolores de Cospedal; y de sus antecesores en el cargo, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, en la causa en la que se investiga la 'caja B' de la formación, al considerar que la investigación no ha determinado su "intervención o interferencia" en las conductas penales atribuidas a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Así consta en tres autos dictados por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en los que se rechazan los recursos de apelación presentados por cinco acusaciones (PSPV, IU, Observatori DESC, Manos Limpias y ADADE) y cuatro defensas contra el auto dictado el pasado 23 de marzo por el juez Pablo Ruz en el que proponía juzgar a Bárcenas, Lapuerta y otras cuatro personas en esta pieza separada del 'caso Gürtel'.
De esta manera, los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel confirman que en el banquillo de los acusados del juicio por la contabilidad B del PP se sentarán, además de los dos extesoreros 'populares', el exgerente de la formación Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.
COSPEDAL Y ACEBES, EXCULPADOS
El auto en el que se resuelve el recurso presentado por IU y los cuatro colectivos sociales que presentaron la querella que inició la investigación, el tribunal señala que la imputación de Cospedal y Acebes resulta "reiterativa e ineficaz" porque sus declaraciones como testigos ya se celebraron "con el resultado exculpatorio que aparece en el procedimiento".
A este respecto, en la resolución en la que se resuelve el recurso de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), los magistrados señalan que "en el momento actual no han aparecido nuevos datos, elementos indiciarios o revelaciones distintas" que permitan reconsiderar su exoneración en esta causa.
En este sentido, apuntan que a lo largo del procedimiento se han detallado "hasta la saciedad" los indicios delictivos atribuidos a los imputados, "sin dar entrada a terceros ajenos a esa participación, que no se cubre acudiendo a determinados cargos ostentados en la formación política".
AVALA LA MORDIDA DE TOLEDO
La Sala también avala la decisión del juez Ruz de enviar a los juzgados de Toledo la parte del procedimiento en la que se investiga la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras que el Ayuntamiento de la ciudad adjudicó a la empresa Sufi, filial de Sacyr. Según el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, este contrató se concedió como contrapartida a una donación.
A juicio del tribunal, existen "claros y contundentes indicios" de la existencia de "entregas en efectivo" por un montante de 200.000 euros que Bárcenas entregó al gerente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha", José Ángel Cañas, "cuyas sumas al parecer tenían su origen en Sacyr-Vallehermoso y estaban supuestamente destinadas a subvenir los gastos de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007".
De esta forma, la Sección Cuarta avala que los juzgados de la capital castellano-manchega investiguen al exgerente regional y supuesto receptor de la donación José Ángel Cañas; al entonces tesorero del PP de Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda; al exalcalde de Toledo José Manuel Molina y al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. La causa se sigue también contra el actual presidente de la compañía, Manuel Manrique.
INDICIOS CONTRA BÁRCENAS Y LAPUERTA
En relación con los recursos de los acusados, la Sección Cuarta destaca los "claros indicios de responsabilidad criminal" que obran en la causa contra Bárcenas por delitos fiscales y de apropiación indebida, al tiempo que recuerda a Lapuerta que la situación de "demencia sobrevenida" en la que asegura encontrarse será "resuelta" por el tribunal "antes o durante el juicio oral".
En su auto de marzo, Ruz también consideraba al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y por el pago en negro de 1,5 millones a la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y 2011.
