Los abogados de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo se han opuesto a incorporar a la investigación sobre el Plan Rabasa los supuestos regalos que le hizo el constructor Enrique Ortiz y que figuran en la otra rama del 'caso Brugal' en la que está imputada, la del PGOU de la ciudad. Los letrados consideran que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, trata de juzgarla dos veces por los mismos hechos.
Así se recoge en las alegaciones presentadas por la defensa de la exprimera edil al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la negativa del juez Juan Carlos Cerón a indagar sobre esas presuntas dádivas, entre las que figuran un turismo Mini Cooper, la contratación de personal en las empresas de Ortiz y diversos viajes a Ibiza y Andorra en 2008 y 2009.
El escrito de la defensa, fechado el pasado 2 de febrero y al que ha tenido acceso ahora Europa Press, señala que los procedimientos que tramitan los juzgados de Instrucción 5 y 6 de Alicante "son plenamente independientes y autónomos" y no existe "conexión alguna" entre ellos.
"Las peticiones de la Fiscalía atentan derecha y directamente a las bases del derecho procesal", apuntan los abogados Juan José Martínez y José María Asencio, "sin que esta parte llegue a comprender que se puedan efectuar más allá de las razones que pudieran existir en unos procedimientos viciados de origen".
Para los defensores, "de atender a lo que solicita el Ministerio Fiscal, un delito de homicidio podría sin problema alguno ser instruido, juzgado y sentenciado en diversos procedimientos". En están línea, "no es posible una nueva condena cuando el hecho ya ha sido enjuiciado y es evidente que la petición de la Fiscalía insta a un doble enjuiciamiento a los fines de una condena plural".
Tanto los abogados de Castedo como el del también imputado Enrique Ortiz entienden que el juez Cerón no debería haber admitido a trámite el recurso de apelación dirigido a la Audiencia Provincial presentado por Briones, ya que a su parecer fue interpuesto fuera de plazo y la providencia que rechazaba la incorporación de las supuestas contraprestaciones a la exalcaldesa a la causa de Rabasa no era recurrible.
En sus alegaciones, Francisco Ruiz Marco, letrado del empresario, recuerda que tanto la Policía como el fiscal han mantenido siempre que las supuestas dádivas recibidas por la entonces alcaldesa eran una contraprestación "a la actuación o decisión, delictiva o ilegal, ejecutada para favorecer al señor Ortiz en el proceso de revisión del PGOU", hechos que investiga el titular del Juzgado de Instrucción 5, Manrique Tejada.
Las defensas de ambos imputados y la del gerente de la Concejalía de Urbanismo de Alicante, Enrique Sanus, rechazan la propuesta de la Fiscalía de que podría aplicarse a estos hechos la jurisprudencia del delito continuado y plantear una rebaja de la pena en una de las futuras sentencias o incluso la petición de indulto.
"ACROBACIA PROCESAL"
El abogado Ruiz Marco acusa a Briones de realizar "una acrobacia procesal" y construir una "peculiar teoría consistente en afirmar que las dádivas eran genéricas y que genéricamente servían para sobornar a la señora Castedo en todas sus decisiones, sin que quepa distinguir entre las adoptadas en el marco del PGOU y las adoptadas en la tramitación del Plan Rabasa".
Por su parte, el letrado de Sanus considera en su escrito de contestación al recurso de la acusación pública que lo "lógico en buen orden procesal" sería acumulas en un solo procedimiento las diligencias previas incoadas por los magistrados Tejada y Cerón. En cambio, las acusaciones particulares, que ejercen en la causa de Rabasa el PSPV-PSOE y EU, se han adherido al recurso de apelación presentado por Anticorrupción.
El juez Juan Carlos Cerón retomará las declaraciones el próximo jueves con los interrogatorios de otro imputado, el jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, José Luis Ortuño, y una testigo, la funcionaria de la Generalitat Esteer Valls Parres.
Además, ayer dictó una providencia en la que fija una nueva ronda de comparecencias con cuatro nuevos testigos. Se trata del arquitecto del Ayuntamiento de Alicante Miguel Ángel Cano, la funcionaria municipal María Ángeles Sierra, el abogado urbanista que trabajaba para Ortiz Rafael Ballester y la concejal del PP Sonia Alegría. Los dos primeros serán interrogados el próximo 6 de marzo y los otros dos, el día 20.
En esa misma providencia, el juez ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue "todo lo relativo a los pagarés que, por valor de seis millones de euros, estaban en posesión de Isabel Campos y que ésta ofreció a Enrique Ortiz en conversación telefónica de fecha 31 de marzo de 2009".
Esta funcionaria de la Concejalía de Urbanismo admitió ante el magistrado en su declaración como imputada el pasado mes que pidió al constructor que asumiese -o intercediese para que un tercero lo hiciera- unos pagarés en poder de su marido, operación en la que podría obtenerse una comisión.
